El sindicato reclama la inmediata reincorporación de las y los 142 trabajadores cesanteados a fin de año y denunció el hostigamiento del Ejecutivo municipal mediante denuncias infundadas contra el derecho a la protesta. Además, advirtió que los juicios derivados de los despidos podrían generar un costo estimado de 400 millones de pesos para las arcas municipales.