Durante los años más crudos del terrorismo de Estado, el proyecto binacional de Salto Grande no estuvo al margen de la represión. Delegados sindicales, técnicos y obreros fueron vigilados, perseguidos y expulsados bajo un sistema coordinado entre las dictaduras de Argentina y Uruguay, en el marco del Plan Cóndor. Una investigación judicial en curso de la fiscal federal Josefina Minatta, que podría tener un impactante correlato judicial con decenas de imputaciones y la apertura de nuevos juicios por crímenes de Lesa Humanidad, revela cómo operó este engranaje del horror en la principal obra energética de la región.