Claudio Sanabria, presidente del Centro Comercial e Industrial de Santa Elena, departamento La Paz, dijo este mediodía a DIARIOJUNIO que, a mediados del año pasado, estuvieron a 15 días de la inauguración oficial de una sucursal del Banco Nación en esa localidad del noroeste entrerriano. “En el Centro Comercial ya estábamos viendo la manera de hacer un lunch, una cena, después de la inauguración. Íbamos a invitar a toda la gente, a las autoridades, al intendente, a las personas que iban a estar abocadas al trabajo en el banco. Íbamos a hacer una cena de bienvenida”, remarcó. “Teníamos resuelto lo que íbamos a decir, lo que se iba a tomar”, mencionó. Pero el 25 de junio de 2025 llegó la orden desde el gobierno nacional de cerrar 60 sucursales en todo el país. Hoy se está desmantelando la sucursal que nunca alcanzó a abrir.

La Policía de Entre Ríos (PER) detuvo a un joven de 24 años, oriundo de la localidad de Hernandarias, en el marco de la investigación por el incendio intencional ocurrido este sábado en la Escuela Rural N° 37 “Domingo F. Sarmiento”, ubicada sobre la Ruta Provincial N° 7, a la altura del kilómetro 11,5, en jurisdicción de Piedras Blancas, departamento La Paz.

Un equipo interinstitucional de Salud llevó adelante intensas acciones de control en Santa Elena, departamento La Paz, tras la confirmación reciente de un caso de sarampión. Las tareas incluyeron visitas domiciliarias a posibles contactos, monitoreo del esquema de vacunación de los residentes y la aplicación de vacunas de bloqueo, además de la investigación para determinar la fuente de infección.

Una situación de máxima tensión se vivió este miércoles en La Paz, Mendoza, cuando una alumna de 14 años ingresó armada a la escuela Marcelino Blanco, disparó tres veces al aire y se atrincheró durante más de cinco horas en el patio del establecimiento. Finalmente, tras un intenso operativo de seguridad y mediación judicial, la menor entregó el arma y salió del lugar sin que se registraran heridos.

Las maestras en las escuelas rurales deben movilizarse a dedo. Muchas veces arman una red de contactos para poder transportarse mediante la solidaridad de los viajantes o de los vecinos de la zona para moverse con ellos hasta la escuela o el lugar más cercano a la misma. Los caminos, en la época en que sacan los cultivos, son intransitables debido al peso de los camiones o la maquinaria que se utiliza para sacar los granos. Pero lo hacen porque saben que los están esperando. En algunos establecimientos, rodeados de soja, trigo o maíz, dependiendo de la época del año, hay uno, dos o tres chicos que dependen de ellos para aprender a leer, a escribir, a sumar y restar. No obstante, hace un mes, desde el CGE (Consejo General de Educación) cuestionaron la baja matrícula de muchos establecimientos y las calificaron de “inviables”. Susana Cogno, vocal gremial de Agmer Central en el organismo, cuestionó lo que calificó de “anuncio mediático bastante irregular”, dijo que ninguna gestión “querría pasar a la historia cerrando 300 escuelas” y defendió el derecho a la educación aunque haya un solo estudiante en la escuela. A su vez, Elio Kohan, docente de una escuela rural en La Paz e integrante de la Coordinadora Ambiental, “Basta es Basta”, dijo a DIARIOJUNIO que los anuncios son una consecuencia de políticas que se vienen llevando adelante desde hace años. Además, manifestó su temor de que eso termine de zanjar a favor de los productores que fumigan los campos con agrotóxicos con quienes batallaron desde la Coordinadora en la Justicia para que eso no suceda.

En un comunicado oficial emitido este miércoles, el Superior Tribunal declaró inhábil el día 31 de julio de 2025 para todas las actividades judiciales en la ciudad de La Paz, debido a los serios inconvenientes edilicios registrados en la sede de los organismos judiciales de la jurisdicción. La decisión fue tomada luego de que la Superintendencia de la ciudad informara sobre diversas filtraciones de agua detectadas en el primer y segundo subsuelo del edificio judicial, lo que ha comprometido la seguridad de las instalaciones. Además, se identificó una rotura en un caño galvanizado de uso para el sistema de protección contra incendios, lo que ha generado filtraciones en el techo del pasillo del Juzgado de Familia, obligando a cerrar la salida de agua de los tanques para prevenir mayores daños.

Se trata de un supermercado de La Paz, que fue allanado el miércoles pasado por personal de la Jefatura Departamental de Policías y la Dirección de Bromatología de esa localidad. El operativo se extendió por más de nueve horas y resultó con casi 4 mil productos vencidos, entre ellos, lácteos, pastas frescas y fiambres contaminados y con fecha de vencimiento adulteradas. Según informó el municipio de La Paz, la mercadería decomisada fue desnaturalizada al día siguiente en la Granja Demostrativa Municipal, siguiendo los protocolos de seguridad alimentaria.

Los investigadores lograron identificar al hombre que conducía la avioneta Cessna 206, matrícula CP-846, que fue hallada abandonada en un campo cercano a San Gustavo, en el departamento La Paz. Se trata del piloto boliviano Kevin Roca Alpire, de 63 años, quien cuenta con antecedentes vinculados al narcotráfico de cocaína. Actualmente, la Justicia intenta determinar si las huellas halladas en la aeronave corresponden a este hombre. El caso está en manos del juez federal de Paraná, Leandro Ríos, quien encabeza la investigación sobre un posible delito de narcotráfico relacionado con la aeronave.

La policía de Entre Ríos inició una investigación tras encontrar una avioneta abandonada en un campo en el municipio de La Paz, al norte de la provincia. La aeronave, con matrícula boliviana, despierta sospechas de haber sido utilizada para el transporte de droga, particularmente cocaína, ya que perros entrenados detectaron su olor en el lugar.

El ministro de Seguridad y Justicia de la provincia, Néstor Roncaglia, encabezó en La Paz la destrucción de estupefacientes secuestrados en Entre Ríos. El operativo se llevó a cabo en un horno pirolítico, entregado por el Superior Tribunal de Justicia a la Policía, en el que se realizó la quema de 53,505 kg de marihuana, 7,260 kg de cocaína, 209 semillas de cannabis sativa, 495 pastillas varias y 247 tabletas de LSD, en cumplimiento del artículo 30 de la Ley Federal de Drogas.