El Senado aprobó el proyecto Muerte Digna, convirtiendo a Uruguay en el primer país de América Latina en contar con una ley integral de muerte asistida. Aunque Colombia y Ecuador cuentan con regulaciones parciales o jurisprudencia favorable, Uruguay establece un marco completo que regula procedimientos médicos, confirma el consentimiento del paciente y garantiza la objeción de conciencia del personal de salud.