El expediente, iniciado en 2019 a partir de una denuncia del ingeniero y abogado Carlos Jaime Hartwig, tiene hoy citados a declaración indagatoria al empresario belga Pieter Jan de Nul —propietario de la empresa Jan de Nul— y a ex integrantes argentinos de la CARU: Jorge Diego Satto, Juan Enrique Ruiz Orrico y Mauro Héctor Vazzon. La acusación sostiene que las licitaciones del dragado se habrían ejecutado con sobreprecios que generaron un perjuicio estimado en más de 20 millones de dólares. Pero la CARU es un organismo binacional y ninguna licitación, adjudicación, rescisión de convenios ni aprobación de pagos puede concretarse sin el acuerdo de ambas delegaciones, lo que abre el interrogante si la delegación uruguaya del período 2015–2019 también participó de las licitaciones hoy sospechadas. Por otro lado, un oficio judicial enviado en mayo de 2025 a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) pone en duda las recientes declaraciones de la delegada uruguaya Cecilia Bottino, quien afirmó desconocer la causa.

Una denuncia técnica, documentada y presentada hace más de cinco años por el ingeniero, abogado y docente universitario Carlos Jaime Hartwig es el eje de la causa judicial que volvió a activarse en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay y que hoy tiene citados a declaración indagatoria al propietario de la empresa belga Jan de Nul, Pieter Jan de Nul, y a ex integrantes argentinos de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) por un presunto desfalco superior a los 20 millones de dólares en el dragado del río Uruguay. Los dirigentes -que integraron el organismo binacional durante el gobierno de Mauricio Macri- actualmente ocupan cargos de relevancia en el gobierno provincial: Mauro Héctor Vazzon como presidente del Consejo de la Magistratura y Jorge Diego Satto como secretario de Turismo, ambos designados por el gobernador Rogelio Frigerio, y Juan Enrique Ruiz Orrico ex diputado provincial electo por el oficialismo en 2023 y ex presidente del Instituto Portuario Provincial de Entre Ríos (IPPER) hasta junio de 2024, momento en el que fue desplazado por el gobernador tras protagonizar un escandaloso siniestro vial en el que murieron cuatro personas. La causa incorporó como prueba un audio en el que Ruiz Orrico reconoció públicamente la cartelización de empresas dragadoras y calificó como “caro” un precio de 5 dólares por metro cúbico, pese a lo cual la CARU terminó aprobando una licitación a 6,25 dólares, sin que se efectuara denuncia judicial ni sanción administrativa alguna.