Fue durante el gobierno de Montiel, cuando el ex funcionario oriundo de Gualeguaychú, Ricardo Irigoyen, contador que fue su primer ministro de Economía (hijo de ‘Patín’ Irigoyen, el gobernador electo que nunca asumió por el golpe militar de Onganía), les cortó de cuajo el curro de prestar plata a los empleados públicos a tasas de usura, asegurándose el cobro compulsivo a través del descuento de cuotas por planillas de sueldo. Transformando al Estado como un agente de cobranza de prestamistas. Lo mismo ocurría en Concordia hasta el final de la intendencia de Bordet cuando llegó Enrique Cresto y puso fin al curro.