Los imputados son el contralmirante retirado Luis Enrique López Mazzeo (66), el capitán de navío destituido Claudio Javier Villamide (62), el capitán de navío retirado Héctor Aníbal Alonso (61) y el capitán de fragata retirado Hugo Miguel Correa (57). Llegan al juicio acusados de incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte. La acusación del Ministerio Público Fiscal sostiene que los exjefes navales no garantizaron el adecuado mantenimiento ni el correcto alistamiento del submarino, lo que permitió que la nave operara en condiciones técnicas deficientes y con riesgos elevados para la tripulación. Según el requerimiento de elevación a juicio, el submarino había zarpado el 25 de octubre de 2017 desde la Base Naval Mar del Plata con destino a Ushuaia en condiciones técnico-operativas deficientes. Desde la finalización de su reparación de “media vida” en 2015, la nave había presentado numerosos desperfectos técnicos documentados por distintos comandantes. Entre otras irregularidades, la fiscalía remarcó que el ARA San Juan había superado en 26 meses el plazo reglamentario para ingresar a dique seco, donde debía realizarse el mantenimiento planificado. La falta de esas tareas, junto con equipos y sistemas degradados o fuera de servicio, aumentaba significativamente los riesgos de la navegación submarina. Durante 2017, el comandante del submarino, Pedro Martín Fernández, había informado a sus superiores sobre estos problemas técnicos e incluso solicitó el ingreso urgente a dique seco, además de advertir sobre fallas detectadas durante una navegación realizada en julio de ese año. De acuerdo con la reconstrucción de los hechos presentada por la fiscalía, el 11 de noviembre de 2017 el submarino partió desde la Base Naval Ushuaia hacia su zona de patrulla en el Atlántico Sur. Tres días después, el 14 de noviembre por la noche, ingresó…