Hasta no hace mucho tiempo, las sociedades que se manifestaban en disidencia con el orden imperante se las vigilaban y/o reprimían en el escenario mismo de su actuación. Ya sea en el escenario natural de "la calle", o en los ámbitos culturales y otros ambientes donde el debate acerca de la marcha de las políticas que diseñaban sus vidas podían ser cuestionadas. Sin embargo, con el tiempo, el riesgo de padecer por parte del gobierno de un espíritu de emancipación política que podría hacer quedar al descubierto las debilidades y los fracasos de una política desprovista de todo humanismo y equidad social, hizo que se diseñara un siniestro plan de "seguimiento" a las fuerzas o grupos sociales que representaran un peligro para la coalición gobernante.

Esta mañana, diferentes organismos de Derechos Humanos de la provincia denunciaban el despido del organismo de cuatro trabajadores militantes, tres del Registro Único de la Verdad y uno de la Dirección de Derechos Humanos (ex subsecretaria). Por ende, habían exigido públicamente la reincorporación de los mismos. A su vez, convocaban a una marcha en Paraná para repudiar el “vaciamiento feroz” a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y difundieron una Carta Abierta al gobernador Rogelio Frigerio. Hasta Taty Almeida, integrante de las Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, había enviado un audio exigiendo la reincorporación de los cuatro trabajadores, según información enviada a DIAROJUNIO. Pero hace instantes, se informó que el gobierno provincial habría decidido dar marcha atrás.