El Juzgado Federal de Campana dictó sentencia definitiva haciendo lugar al amparo colectivo interpuesto contra el Decreto 681/2025 del Poder Ejecutivo Nacional. La decisión declara inválido el artículo 2° de ese decreto, que había suspendido la aplicación de la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad, y ordena su aplicación inmediata e integral.

El Senado de la Nación debatirá este jueves el rechazo al veto presidencial a la ley que propone distribuir de manera automática y diaria entre las provincias, los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). La norma había sido sancionada a fines de agosto por el Congreso, pero el presidente Javier Milei la vetó el 12 de septiembre mediante el decreto 652/2025. Un día después de hacer lo mismo con las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario, que finalmente seguirán su curso al Senado tras el rechazo ayer de Diputados a ambos vetos del presidente.

Todo gobierno, aun en su exhibición de poder máximo, tiene un tiempo marcado en su finitud por la dinámica de la Historia. Pero también los más presuntamente poderosos, de acuerdo a cierto grado de legitimidad, no están eximidos de cometer grandes errores de concepción política a la hora de enfrentar situaciones de manejo político, para lo cual hacen uso y abuso de un dogmatismo político que termina por volverse como una promesa autoinfligida en la que, al no reconocer sus errores, sucumben inexorablemente a esa trituradora que es simplemente el paso del tiempo.

El Frente Sindical Universitario, que agrupa a las federaciones gremiales de los trabajadores universitarios, lanzó un paro nacional de 24 horas para este viernes 12 de septiembre, en respuesta al veto a la Ley de Financiamiento Universitario. Además, anunciaron la realización de la III Marcha Federal para el mismo día que se trate dicho decreto en el Congreso. “El ajuste lo pagan los jubilados y los trabajadores universitarios”, advirtieron.

El presidente Javier Milei vetó este miércoles de manera oficial la Ley N° 27.795 de Financiamiento Universitario, que había sido sancionada en la Cámara de Senadores con 58 votos a favor y 10 en contra. La decisión fue publicada en el Boletín Oficial, donde se fundamenta que la norma “presenta graves deficiencias en su financiamiento” y que su aplicación “dificultaría gravemente la sostenibilidad de las finanzas públicas de la Argentina”.

El dato surge de un informe realizado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), según el cual, el veto presidencial a la nueva fórmula de movilidad jubilatoria y a la actualización del bono mensual, implica una pérdida millonaria para los más de 6 millones de jubilados y jubiladas del país

Este miércoles 20 de agosto, a las 11 de la mañana, se realizará una concentración frente a la Municipalidad de Concordia en defensa de la Ley de Emergencia en Discapacidad. La jornada coincide con el debate legislativo previsto al mediodía en el Congreso, donde se definirá si se anula o no el veto presidencial de Javier Milei, que impediría la entrada en vigencia de la normativa. "Es la última instancia que nos queda", sostuvo en DIARIOJUNIO Evangelina Moix, prestadora del sector.

Con una sentada pacífica en la Plaza 25 de Mayo, prestadores, familias y ciudadanos exigirán que se revierta el veto presidencial a la ley que busca atender la grave crisis del sector. En diálogo con DIARIOJUNIO, Evangelina Moix, prestadora en discapacidad, convoca a sumarse a la jornada de lucha y advierte: “Si esta ley no entra en vigencia, muchos centros de día van a tener que cerrar”

Diversas agrupaciones se manifestarán en plazas de toda la provincia para rechazar el decreto presidencial que anuló la ley aprobada por el Congreso. "Las cuestiones fiscales no pueden estar por encima de los derechos", advierten desde la Red de Prestadores.

Nunca desde la recuperación de la democracia se hostigó tanto a la universidad pública. Se la acusa absurdamente de perseguir a quienes piensan distinto, de ejercer una educación acrítica, y se la asfixia presupuestariamente. Es evidente que, en estos ataques, se asedian derechos conquistados y se anula el deseo de participar en la "cosa" común.