Durante los años más crudos del terrorismo de Estado, el proyecto binacional de Salto Grande no estuvo al margen de la represión. Delegados sindicales, técnicos y obreros fueron vigilados, perseguidos y expulsados bajo un sistema coordinado entre las dictaduras de Argentina y Uruguay, en el marco del Plan Cóndor. Una investigación judicial en curso de la fiscal federal Josefina Minatta, que podría tener un impactante correlato judicial con decenas de imputaciones y la apertura de nuevos juicios por crímenes de Lesa Humanidad, revela cómo operó este engranaje del horror en la principal obra energética de la región.

Franklyn Tex Harris, agregado político de la Embajada de EE.UU. en Buenos Aires, desempeñó un papel crucial en la documentación de las atrocidades cometidas por la dictadura militar argentina. A pesar de las restricciones impuestas por el embajador Raúl Héctor Castro, Harris envió informes detallados al Departamento de Estado, revelando la sistemática desaparición y tortura de miles de personas. En 1977, remitió una lista con 7.500 desaparecidos, que luego fue entregada a Jorge Rafael Videla en Washington. Su trabajo incluyó el testimonio del dirigente Alfredo Bravo, quien narró ante Harris las brutales torturas que sufrió. Los informes del diplomático también denunciaron la existencia de centros clandestinos de detención y evidenciaron la complicidad de altos mandos del régimen con la represión ilegal. En diciembre de 1978, Harris informó a Washington que, desde 1976, “Las Fuerzas Armadas se ‘hicieron cargo’ de 15.000 personas en su campaña antisubversiva”.

Cuatro meses más tarde de su primer encuentro en Chile, Kissinger y Guzzetti volvieron a reunirse. Esta vez la cita fue el 7 de octubre de 1976 en Nueva York, en uno de salones el hotel Waldorf Astoria. El panorama en Argentina era completamente distinto: organizaciones como el ERP como Montoneros habían sido desarticulados o estaban a punto de serlo, la mayoría de sus líderes asesinados o desaparecidos y las organizaciones populares totalmente desmanteladas, con sus líderes en el exilio. La actividad sindical había sido intervenida y partidos políticos estaban prohibidos y las organizaciones sociales temían ser presa de la fosa común del terror implantado. Para ese momento, detenciones ilegales, asesinatos y desapariciones se sumaban de a miles y los centros clandestinos, donde tenían lugar sesiones de tortura aberrantes, funcionaban a pleno.