Según relató el propio jefe comunal, el conflicto se originó cuando se debatía la modalidad de cobro del derecho de instalación para los vendedores que participarán del evento. Mientras desde el Concejo se planteaba que el pago debía realizarse previamente, antes del viernes al mediodía, Ruiz sostuvo que habitualmente los puesteros abonan ese canon el mismo día en que se instalan en el predio. La discusión escaló hasta derivar en un enfrentamiento físico.
El intendente aseguró haber recibido golpes en la zona de la oreja y el cráneo, por lo que radicó una denuncia policial y se sometió a una constatación médico-policial. También trascendió que existirían denuncias cruzadas entre ambos dirigentes.
Frente a lo ocurrido, la Liga de Intendentes Justicialistas sostuvo que «ningún desacuerdo puede ni debe resolverse a través de la violencia» y recordó que la legislación vigente contempla herramientas institucionales para el control y la fiscalización de la gestión pública, entre ellas los pedidos de informes que pueden impulsar los concejales.
«En democracia, quienes asumimos la responsabilidad de gobernar o de integrar un cuerpo deliberativo tenemos la obligación de dirimir las diferencias con argumentos y dentro del marco institucional», señalaron desde la entidad.
El documento concluye reafirmando el compromiso de los intendentes justicialistas con el diálogo, el respeto institucional y el funcionamiento de los mecanismos legales previstos por el sistema democrático para resolver conflictos políticos y administrativos.