Es importante precisar qué resolvió realmente el Superior Tribunal de Justicia.
La presentación estuvo limitada exclusivamente a la cuestión ambiental. En esa causa no se discutieron eventuales irregularidades de la contratación directa anterior con VITSA, ni aspectos administrativos o contractuales vinculados al procedimiento licitatorio. Son cuestiones distintas.
El STJ rechazó la acción porque entendió que la vía procesal elegida no permitía tener por configurado, en este momento, un incumplimiento ambiental concreto. También consideró que del solo contenido del pliego no podía deducirse necesariamente ese incumplimiento, fundamentalmente porque el propio pliego establece que la prestación deberá ajustarse a toda la normativa ambiental nacional, provincial y municipal vigente.
Ese es, precisamente, uno de los aspectos centrales del fallo: el hecho de que el pliego no detalle cada obligación ambiental no significa que esas obligaciones desaparezcan ni que puedan dejar de cumplirse durante la ejecución del contrato.
Por eso, más allá del rechazo procesal, queda reafirmado el núcleo de nuestro planteo: toda la normativa ambiental vigente deberá ser respetada durante la prestación del servicio.
Ahora comienza una nueva etapa.
La Municipalidad y la empresa deberán explicar y demostrar cómo van a compatibilizar, por ejemplo, un pliego que habla de recolección indiferenciada con las obligaciones existentes en materia de separación, recolección diferenciada, recuperación, reciclado y gestión integral de residuos, respetando además principios fundamentales como la progresividad y la no regresión.
Eso deberá verificarse en los hechos y estará sujeto al control ciudadano, institucional y, si correspondiera, administrativo o judicial.
En definitiva, el STJ entendió que esta no era la vía procesal adecuada y que del solo pliego no podía inferirse un incumplimiento ambiental actual, pero al mismo tiempo reafirmó que toda la ejecución del contrato deberá ajustarse íntegramente a la normativa ambiental vigente. Ese era nuestro verdadero objetivo y consideramos que, en ese punto sustancial, quedó cumplido.
La diferencia es que nosotros entendíamos que para garantizar ese cumplimiento era necesario modificar aspectos del pliego. El Tribunal consideró que no correspondía hacerlo en esta instancia.
Ahora será la ejecución concreta del servicio la que permita determinar si la Municipalidad y la empresa cumplen efectivamente con todas esas obligaciones.
En definitiva, quedó reafirmado el estándar ambiental que deberá respetarse durante toda la concesión. El verdadero examen comienza ahora.
Desde Compromiso por Concordia vamos a estar especialmente atentos y vigilantes sobre la ejecución del contrato. Vamos a controlar que cada obligación ambiental se cumpla efectivamente y que no exista ningún retroceso respecto de los estándares que la ciudad ya tiene reconocidos.
La Municipalidad y la empresa ahora tienen que demostrar en los hechos que pueden cumplir aquello que el propio fallo reafirma: toda la normativa ambiental vigente.
Cr. Álvaro Sierra – presidente Compromiso por Concordia
Lic. Silvia Dri – vicepresidenta Compromiso por Concordia
Dr. Pablo Lapiduz – apoderado legal Compromiso por Concordia