Burford, que había conseguido un fallo en primera instancia de la jueza Loretta Preska (continuidad de Griesa), que obligaba al país a indemnizarlo con unos USD 18.000 millones, recibió un fallo adverso en marzo y quedó como el principal perdedor de esta contienda jurídica que lleva unos 10 años y que se originó por el reclamo de una serie de accionistas luego de expropiación de la petrolera, en 2012, cuando Cristina Kirchner era presidenta.
Luego del fallo adverso de Cámara, el bufete que cotiza en Nueva York y Londres, y cuyas acciones se desbarrancaron luego de esa decisión, le había pedido al pleno de la Cámara –y no solo a los tres jueces que fallaron en su contra, Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson– que revea la sentencia.
En fallo de pocas líneas, firmado por la Clerk (una suerte de secretaria del tribunal) de la corte Catherine O’Hagan Wolfe, rechazó lo que técnicamente se denomina apelación “en banc”. Una medida que solo se acepta en casos excepcionales.
Las novedades en el terreno jurídico fueron informadas por el cuerpo de abogados que trabajan para el Estado argentino a través de un comunicado. En ese texto, se establece que el tribunal estadounidense negó la solicitud para que el pleno de los integrantes activos de la Cámara de Apelaciones volviera a examinar el fallo.
Desde el organismo que comanda Sebastián Amerio subrayaron que la decisión “constituye un nuevo respaldo a la solidez jurídica de la posición sostenida por la República Argentina durante el proceso de apelación y reafirma la sentencia favorable obtenida por nuestro país”.