Una cadena de decisiones oficiales estaría poniendo en jaque el transporte escolar rural en Entre Ríos, según denuncian choferes de distintos puntos de la provincia que trasladan diariamente a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

En Rosario del Tala, una transportista con más de ocho años de experiencia advierte que el servicio que garantiza el acceso a la escuela de más de 200 estudiantes será dado de baja a partir de agosto. La información fue comunicada en una reunión que tuvo lugar el miércoles último en el departamento del centro entreriano, convocada por autoridades educativas en la que, según su relato, se planteó incluso la posibilidad del cierre de escuelas rurales.

“El argumento fue que la provincia está quebrada económicamente, y que por eso se daban de baja varios recorridos del transporte escolar rural. Entre ellos, el nuestro, considerando que nuestras escuelas ya están dentro del ejido urbano y que además a ellas concurren niños del centro de la ciudad , quienes tienen otras escuelas más cercanas”, explicó la chofer que habló con este medio, quien solicitó preservar su identidad.

El caso más delicado es el de la Escuela Integral N° 4, que recibe a niños y niñas con  discapacidades severas, en muchos casos hijos de personas también con discapacidad. El transporte, en este caso, no es solo un servicio educativo, sino una herramienta de inclusión y contención social.

“Son niños que desayunan, almuerzan y meriendan en la escuela, donde son cuidados mientras sus padres trabajan. Cortar ese transporte sería condenarlos al aislamiento”, advirtió la trabajadora.

Durante el encuentro en Tala, participaron supervisoras escolares y la propia directora del Consejo General de Educación (CGE), Alicia Fregonese, quien, siempre según el testimonio de esta chofer, justificó la medida diciendo que “Si quieren ir a esas escuelas, que los padres paguen. ¿Por qué el Estado se tiene que hacer cargo del capricho de que sus hijos vayan ahí?”

«La baja del recorrido la harían en el 2026, desde Agosto en adelante con recortes», detalló la chofer.

La situación no es aislada. En el departamento San Salvador, otro transportista denunció la suspensión de uno de sus colectivos, sin explicación formal, y la falta de pago del mes de mayo para la mayoría de los prestadores. Según contó, de seis unidades que trabajaban en su zona, solo se pagó una.

“Nos dijeron que achican gastos. A partir del 16 dejaron de pagarme un colectivo. Ahora ni siquiera podemos hacer la revisión técnica porque no tenemos con qué. El gasoil lo estamos sacando fiado, y con intereses. Así no se puede sostener más”, sostuvo.

Tanto él como otros colegas anunciaron que desde el lunes dejarán de prestar servicio hasta que se regularicen los pagos, en medio de una situación límite: endeudados, sin capacidad de ahorro y con las unidades deteriorándose por falta de mantenimiento.

Otro chofer relató que el conflicto comenzó con la licitación de agosto de 2023. En su caso, el servicio fue tasado a razón de un litro de gasoil por kilómetro, un cálculo que hoy está desfasado por completo respecto de los costos reales.

“Estamos poniendo el capital, el riesgo, y hasta comprando cubiertas a crédito para poder seguir trabajando. No podemos hacer la VTV (Verificación Técnica Vehicular) porque sale $250.000 y el contrato no nos deja ese margen. Pero si no la presentamos, nos cortan el pago. Es un círculo vicioso”.

A esto se suma la queja generalizada por las condiciones contractuales impuestas por el Estado: no hay margen de negociación y los aumentos son escasos e inflexibles, apenas un 6% trimestral, cuando el combustible puede subir eso en una semana.

Además, denuncian situaciones de favoritismo en la asignación de valores: algunos contratos se pagan al equivalente de dos litros por kilómetro, mientras que otros reciben apenas uno, sin criterios claros ni proporcionales. “Nos consideran un gasto. Estamos cansados del manoseo. Ya hemos pasado por demasiado. No hay reuniones previas, no hay diálogo. Si reclamás, te amenazan con ejecutar el pagaré, el seguro de caución. Nos tienen con miedo”, resumió el trabajador.

Los testimonios recabados por DiarioJunio contradicen lo que el propio gobierno provincial difundía hace un año. En mayo de 2024, el Instituto Becario aseguraba que el transporte escolar rural funcionaba en los 17 departamentos, cubriendo más de 37.000 kilómetros diarios y beneficiando a 11.000 estudiantes. “Esto nos permite garantizar la escolaridad en zonas rurales y periurbanas”, decía entonces Mariano Berdiñas, director del organismo.

https://portal.entrerios.gov.ar/noticias/7886

Hoy, sin declaraciones oficiales que ratifiquen o desmientan los recortes, los choferes aseguran que la incertidumbre es total. Lo único concreto es que las bajas ya comenzaron, los pagos se demoran y la angustia crece.

“No es que no queramos trabajar. Es que ya no podemos. Aguantamos porque estamos endeudados, pero después… no sabemos qué va a pasar”, concluyó una de las voces consultadas.