Según se informó, la revisión administrativa realizada durante los primeros meses de gestión detectó que numerosos nombramientos efectuados por la administración anterior presentaban irregularidades y habían generado un incremento de la planta permanente que no respondía a necesidades operativas reales. A partir de ese diagnóstico, y en coordinación con el gobernador Rogelio Frigerio, se resolvió reasignar parte de esos cargos ociosos a un área considerada crítica dentro del sistema sanitario.
El decreto destaca que el aumento sostenido de la demanda vinculada a la salud mental obliga al Estado a “reforzar de manera urgente y prioritaria las estructuras institucionales que brindan dicho servicio”. En línea con ese planteo, Hein remarcó: “La salud mental es para nosotros una prioridad de política pública; venimos trabajando de manera articulada en prevención y asistencia, y con esta medida buscamos dejar sentado un precedente, utilizando recursos existentes para fortalecer áreas sensibles”.
Desde la Cámara se subrayó que la atención en salud mental requiere de equipos interdisciplinarios, capacidad operativa, políticas de prevención, estrategias de inclusión y abordajes comunitarios sostenidos. Por ello, se afirmó que los distintos organismos estatales deben actuar de forma coordinada y orientar los recursos hacia los sectores donde resultan más necesarios, bajo criterios de eficiencia y solidaridad institucional.
La transferencia fue presentada como un hito, ya que no existen antecedentes en la provincia de una derivación voluntaria de cargos desde el Poder Legislativo hacia otro organismo con el fin de apuntalar una política pública esencial. Al mismo tiempo, se remarcó que la medida no afecta el funcionamiento interno de la Cámara y permite fortalecer un ámbito históricamente desfinanciado sin incrementar el gasto ni generar nuevas estructuras.
Finalmente, se señaló que la decisión forma parte de un modelo de gestión orientado a priorizar áreas de impacto social directo y a garantizar que los recursos públicos se destinen a funciones que atiendan demandas urgentes de la ciudadanía, como ocurre con la salud mental.