En medio de la creciente presión política, judicial y mediática, el Banco Nación decidió modificar la normativa que habilitaba el acceso de funcionarios y dirigentes a créditos hipotecarios millonarios en condiciones preferenciales. La corrección no llegó de manera preventiva ni técnica, sino después del escándalo, y se formalizó mediante la circular interna N° 0092/2026, firmada por el titular de la entidad, Darío Wasserman.
La normativa había sido modificada en septiembre de 2024, cuando se amplió el universo de beneficiarios más allá de la planta estable del Estado. Esa modificación fue la que permitió que funcionarios, legisladores y operadores políticos accedieran a créditos de hasta 340 mil dólares, con tasas subsidiadas y plazos de hasta 30 años, condiciones prácticamente inaccesibles para la mayoría de la población.
Mientras tanto, desde el Gobierno de Javier Milei sostienen que “no hubo ilegalidad” y que los préstamos se otorgaron bajo las mismas condiciones que a cualquier cliente. Sin embargo, los datos reflejan otra realidad: ocho de cada diez argentinos no logra calificar para un crédito hipotecario.
En paralelo, un grupo reducido de funcionarios, con ingresos estatales y en algunos casos con patrimonio previo, accedió a montos lo suficientemente elevados como para adquirir viviendas en zonas exclusivas y en plazos considerablemente más ágiles que los habituales.
En definitiva, la eliminación del párrafo en la normativa no modifica los créditos ya otorgados, pero sí marca un cambio en las condiciones que habían permitido ese acceso. La secuencia de los hechos —modificación de la norma, otorgamiento de los préstamos y posterior corrección— deja en evidencia que, si bien no configura necesariamente un delito, sí expone la inequidad en el acceso al crédito y una mecánica que beneficia a algunos pocos.