Brasil define este domingo quién será su próximo presidente. La segunda vuelta enfrenta a Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), que busca la reelección, con Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), en una elección marcada por la polarización política.
La votación debía finalizar a las 17, hora de Brasilia, pero fue extendida hasta las 19 por decisión del ministro del Supremo Tribunal Federal Cristiano Zanin. La medida se tomó en medio de denuncias por problemas en el transporte público y dificultades para garantizar que los electores pudieran llegar a los centros de votación.
En la primera vuelta, realizada el 4 de octubre, Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los votos válidos, con 56.104.268 sufragios. Lula alcanzó el 45,16%, con 53.876.617 votos. Como ninguno consiguió la mayoría necesaria para ganar en esa instancia, la definición quedó para este domingo.
El resultado determinará quién conducirá Brasil durante los próximos cuatro años. Por su peso económico y político, la elección también tendrá repercusiones en América Latina.
Denuncias por el transporte público
Durante la jornada, distintos medios y sectores políticos denunciaron problemas en la circulación de colectivos en San Pablo y Salvador de Bahía, dos ciudades gobernadas por aliados de Bolsonaro. Entre los medios que informaron sobre la situación estuvo TN.
En San Pablo, la campaña de Lula denunció que circulaba alrededor del 60% de la flota prevista, pese a una orden judicial que exigía garantizar el servicio completo. En Salvador de Bahía también hubo reclamos por la falta de unidades y por el presunto incumplimiento de una orden para restablecer la circulación total.
Los cuestionamientos se extendieron a otras localidades, entre ellas Feira de Santana y Lauro de Freitas, en Bahía, y Aracaju, capital de Sergipe, donde la Justicia Electoral ordenó recomponer la flota.
Las denuncias generaron sospechas sobre las dificultades que la reducción del servicio podía ocasionar a quienes necesitaban trasladarse para votar. La eventual intención de obstaculizar la participación electoral, sin embargo, deberá establecerse a partir de las actuaciones correspondientes.