El partido Compromiso por Concordia cuestionó la decisión del gobierno de Francisco Azcué de impulsar la derogación de la ordenanza de adhesión a la Ley Provincial N.º 9393 de Grandes Superficies Comerciales sin acompañarla con una nueva regulación. Para el espacio político que preside el contador Álvaro Sierra, el problema no es la llegada de grandes empresas, sino que se eliminen controles sin establecer qué política comercial ocupará su lugar y cómo se protegerán los puestos de trabajo que ya existen.
“Queremos una ciudad que abra sus puertas a las nuevas inversiones, pero que no les cierre las puertas a quienes llevan años trabajando, invirtiendo y generando empleo”, sostuvieron Sierra, la vicepresidenta del partido, Silvia Dri, y el apoderado Pablo Lapiduz, en un comunicado en el que fijaron su posición sobre la decisión del Concejo Deliberante, aprobada por unanimidad.
El planteo no cuestiona la necesidad de revisar las regulaciones que condicionan la instalación de nuevos emprendimientos comerciales. Por el contrario, los referentes del espacio vecinal se manifestaron a favor de las inversiones privadas, la competencia y la generación de empleo genuino, pero la crítica apunta a la forma en que se tomó la decisión: “Consideramos que el error del gobierno municipal fue haber impulsado la derogación sin presentar, al mismo tiempo, una nueva ordenanza que estableciera un marco normativo moderno, capaz de promover nuevas inversiones y proteger a los comercios y puestos de trabajo existentes”, afirmaron.
En esa línea, advirtieron que eliminar trabas burocráticas no debería significar suprimir los controles necesarios para ordenar la actividad económica. “No queremos un Estado ausente, pero tampoco uno que se convierta en un obstáculo para quienes quieren producir, invertir y trabajar”, señalaron.
Los nuevos empleos y los que podrían perderse
Uno de los puntos centrales del documento es el impacto que la instalación de grandes superficies puede tener sobre el comercio tradicional. El espacio reconoció que estos emprendimientos pueden generar inversiones, puestos de trabajo, competencia y mejores precios para los consumidores, pero advirtió que también podrían afectar a pequeños y medianos negocios que llevan décadas funcionando en Concordia.
“Por eso, la pregunta central es: ¿esta decisión permitirá generar más empleo del que eventualmente podría perderse?”, plantearon.
La discusión cobra relevancia en un contexto económico difícil para numerosos comercios, que deben sostener sus estructuras y puestos de trabajo en un mercado con menor capacidad de consumo.
“No alcanza con anunciar treinta nuevos puestos de trabajo si no sabemos cuál será el impacto sobre los empleos existentes. Una política económica responsable debe evaluar ambas cuestiones”, sostuvieron.
A partir de ese argumento, formularon una serie de preguntas dirigidas al Ejecutivo municipal: si se realizaron estudios sobre las consecuencias económicas y laborales de la derogación, si se evaluó el impacto sobre los pequeños y medianos comercios y qué herramientas se prevén para fortalecerlos. También reclamaron que, en caso de existir, esos estudios sean publicados.
El reclamo por la falta de consulta al comercio local
El comunicado también expresó coincidencias con los cuestionamientos del Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia (CCISC), cuyos representantes señalaron que no fueron consultados antes de que se resolviera derogar la adhesión a la ley provincial.
“Lamentamos que los representantes de los sectores comerciales de la ciudad no hayan sido convocados por el Concejo Deliberante o por el Ejecutivo a exponer su visión con el objetivo de elaborar una norma que beneficie a todos los sectores y proteja la economía local. Además de definir qué regulaciones deben mantenerse o modificarse, el municipio debe determinar cómo se incorpora la perspectiva de los comerciantes que ya operan en la ciudad a las decisiones sobre futuras radicaciones», indicaron.
Una nueva ordenanza, después de la derogación
El espacio político sostuvo que, si hubiera tenido la responsabilidad de gobernar, habría impulsado la salida del régimen de adhesión provincial, pero junto con una nueva ordenanza municipal de promoción de inversiones y fortalecimiento del comercio local, dentro de las competencias y normas vigentes.
La propuesta que anticiparon contempla procedimientos de habilitación más ágiles, eliminación de trámites innecesarios, evaluaciones de impacto económico y laboral y medidas para promover la modernización de los pequeños y medianos comercios. También plantea establecer mecanismos para medir periódicamente si las nuevas inversiones se traducen en un crecimiento real del empleo.
“Ese fue, a nuestro entender, el principal error del gobierno municipal: derogar primero, sin presentar simultáneamente una alternativa integral. No alcanza con quitar regulaciones; también hay que proponer qué política económica y comercial ocupará su lugar”, afirmaron.
Compromiso por Concordia también anticipó que sus equipos técnicos y profesionales trabajarán en los próximos días en un proyecto de ordenanza complementaria, con propuestas destinadas a promover inversiones, fortalecer el comercio local y proteger los puestos de trabajo existentes.
“Porque gobernar no es elegir entre los nuevos empleos y los que ya existen. Gobernar es trabajar para generar más, sin desproteger ninguno”, concluyeron.