La Multisectorial de Derechos Humanos de Concordia expresó su posición sobre dos asuntos que atraviesan la agenda local y nacional: la reciente resolución de la Cámara de Apelaciones de Paraná en una causa por delitos de lesa humanidad vinculados con el Plan Cóndor y el homicidio de Jorge Papetti, y la posibilidad de que la Guardia Urbana municipal incorpore armamento para intervenir sobre los vecinos de la ciudad.
En relación con el expediente judicial, la organización manifestó su conformidad con la resolución de la Cámara de Apelaciones de Paraná, que rechazó los recursos interpuestos por cuatro exintegrantes del Ejército y confirmó que los hechos imputados —asociación ilícita, tormentos contra ciudadanos uruguayos en el marco del Plan Cóndor y encubrimiento del homicidio de Jorge Papetti— constituyen delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, son imprescriptibles.
La Multisectorial sostuvo que el fallo vuelve a poner de relieve la importancia de la señalización del Regimiento como Centro Clandestino de Detención y Tortura durante la última dictadura cívico-militar. Consideró que el cartel constituye una marca del sitio de memoria que debe garantizar la transmisión de los hechos históricos a las nuevas generaciones y contribuir a revelar la verdad sobre el genocidio.
En ese marco, la organización también volvió a cuestionar las declaraciones negacionistas de representantes del pueblo, en referencia a expresiones realizadas por el concejal Felipe Sastre que, según señaló, pusieron en cuestión la verdad histórica sobre los crímenes de la dictadura. Además, reprochó que esas manifestaciones no hayan sido cuestionadas por referentes del oficialismo.
Por otra parte, la Multisectorial manifestó su preocupación y rechazo ante cualquier modificación de la normativa vigente que habilite el uso coercitivo y represivo de armas letales o menos letales por parte de la Guardia Urbana municipal.
La organización consideró que una eventual habilitación de ese tipo sería, además, legalmente cuestionable, y advirtió que incluso las denominadas armas menos letales pueden poner en riesgo la vida o afectar funciones vitales de las personas.
En su pronunciamiento, recordó que la Guardia Urbana fue creada con fines de prevención, persuasión y auxilio de la autoridad policial provincial, y reclamó que el intendente y los concejales desalienten cualquier iniciativa que avance hacia un perfil represivo del dispositivo municipal.
En cambio, pidió que los esfuerzos del gobierno local se concentren en generar políticas que garanticen efectivamente los derechos humanos y sociales de todas las personas, particularmente en un contexto histórico, social y político que calificó como crítico, en el que esos derechos fundamentales están siendo profundamente vulnerados.
La Multisectorial concluyó su pronunciamiento sobre la causa judicial reivindicando la consigna de Memoria, Verdad y Justicia como condición para construir una sociedad democrática y un futuro de paz y esperanza.