El STJ ordenó a la institución implementar medidas de capacitación contra la discriminación y en materia de violencia de género. Fue al hacer lugar al recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por la denunciante contra la sentencia de segunda instancia.
Tanto la sentencia de primera instancia como la de la cámara habían concluido, en decisión firme, que la denunciante sufrió violencia de género en su modalidad institucional, por parte de la Escuela de Oficiales de Policía.
La violencia comenzó cuando el Gabinete Psicológico de la institución divulgó cuestiones de la esfera íntima de la denunciante expresadas en el marco de entrevistas psicológicas.
El Tribunal ponderó la existencia de dictámenes concordantes y categóricos de especialistas en la materia —emanados de organismos imparciales— que han concluido que existe una situación de violencia estructural dentro de la institución (dictamen ETI), que requiere un plan de acción, un abordaje intersectorial y capacitaciones para evitar esta y otras posibles violencias institucionales (Subsecretaría de la Mujer).
En la sentencia se tuvo en cuenta que la escuela denunciada había incurrido en forma reiterada en incumplimientos de las órdenes judiciales y que había dado de baja a la denunciante en distintas oportunidades, pese a estar vigente una medida cautelar que se lo impedía.