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El CCISC le pidió hace un mes al Municipio que aclare si la obra de Eva Perón y Sara Neira viola la Ley de Grandes Superficies
El Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia (CCISC) presentó el 26 de noviembre de 2025 una nota formal ante la Municipalidad para que se informe si el emprendimiento que se construye sobre avenida Eva Perón al 3000, entre Sara Neira y Padres Capuchinos, encuadra dentro de la Ley Provincial N.º 9393 de Grandes Superficies Comerciales y, en caso afirmativo, si está cumpliendo con los requisitos que impone dicha normativa. Un mes después, todavía no hubo respuesta oficial.

El planteo del CCISC se suma a una creciente cadena de interrogantes en torno a una obra que avanza sin información oficial visible, sin cartel de obra, sin datos sobre permisos municipales y en un predio que era un humedal protegido.
La presentación, ingresada por Mesa de Entradas bajo el número 1360844, no ha tenido respuesta oficial a más de un mes de haber sido presentada, según confirmaron desde la entidad empresaria. El silencio municipal se suma así a una serie de interrogantes que rodean a una obra de gran escala que avanza sin información pública clara.
En el escrito dirigido al intendente Francisco Azcué, el CCISC solicita que el Ejecutivo informe “si desde el Municipio que Ud. preside se ha verificado que el emprendimiento comercial que se está edificando (…) se ajusta a la Ley Provincial N.º 9393 de Grandes Superficies”. La entidad también pide saber si se corroboró que el establecimiento “cumple la normativa que tiene por objeto la habilitación, ampliación y modificación de grandes superficies comerciales y cadenas de distribución relacionadas con el comercio minorista”.


El procedimiento que marca la ley
La Ley 9393 regula la instalación de grandes superficies comerciales en Entre Ríos y establece un procedimiento específico cuando un proyecto de estas características es presentado ante un municipio. Entre otros puntos, exige estudios de impacto, evaluaciones socioeconómicas y una intervención obligatoria de la Dirección General de Comercio Interior, autoridad provincial de aplicación de la norma.
Ese punto fue subrayado por el presidente del CCISC, Adrián Lampazzi, en declaraciones a DiarioJunio. “Cuando les viene un planteo de uso de suelo de ese tipo al municipio, el municipio tiene que girar eso a la Dirección de Comercio Interior, tiene que girar todas las actuaciones, y ahí Comercio Interior le tiene que responder si ese emprendimiento es alcanzado por la ley o no”, explicó.
Según Lampazzi, sin embargo, ese procedimiento no siempre se cumple. “Lo que se ha hecho muchas veces es no enviarlo a Comercio Interior y resolverlo acá. Entonces, una vez que ya está abierto, ya está abierto, sonaste”, afirmó.
Una obra rodeada de silencios
La solicitud del CCISC se produce en un contexto ya cargado de polémica. Tal como informó este medio el pasado 18 de noviembre de 2025 y este mismo 26 de diciembre, sobre avenida Eva Perón —antes de llegar al barrio La Bianca— se desarrolla una obra sobre un terreno de 19.935,32 metros cuadrados, casi dos hectáreas, sin información pública, y donde era un antiguo humedal.
Según datos catastrales, el predio pertenecería desde 2018 a Gustavo Martín Núñez, empresario vinculado a Puerto Príncipe S.A., firma que gestionó la discoteca B612 en el puerto de Concordia hasta que el contrato fue rescindido en 2019 por incumplimientos. Núñez también es señalado como propietario del Hotel Flair y del hotel alojamiento Fun & Love.
Vecinos y ambientalistas aseguran que el terreno ya había sido rellenado años atrás y que las obras nunca fueron aprobadas debido a la falta de cumplimiento de remediaciones ambientales obligatorias. Aun así, el movimiento de suelo continúa y el cerco perimetral permanece, sin que el municipio brinde explicaciones públicas.
Mientras algunas versiones hablan de un emprendimiento turístico, otras fuentes sostienen que el proyecto contemplaría locales comerciales, lo que encendió la alarma sobre una posible violación a la Ley 9393 si no se cumplieron los pasos exigidos por la normativa.
El pedido del CCISC no formula acusaciones, pero plantea una pregunta central: ¿qué se está construyendo y bajo qué reglas? En una ciudad atravesada por disputas ambientales, desigualdad comercial y antecedentes de habilitaciones polémicas, el silencio oficial resulta, como mínimo, inquietante.
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