El eje del proceso es el presunto incumplimiento de dos sentencias firmes dictadas en 2022 que ordenaron la clausura de areneras y plantas de lavado de arena de sílice que no contaran con estudios y habilitaciones ambientales en regla.
Las imputaciones giran en torno a posibles delitos de incumplimiento de sentencia, omisión de control, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
La actividad bajo la lupa se concentra en el Departamento Islas del Ibicuy, donde operan emprendimientos dedicados a la extracción y lavado de arena de sílice, insumo clave para la industria hidrocarburífera de Vaca Muerta.
Antes de estas nuevas citaciones, ya habían sido indagados el actual ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; el director General de Desarrollo Minero, Ricardo Iturriza; la actual secretaria de Ambiente, Rosa Hojman; su asesor legal, Osvaldo Fernández; el intendente de Ibicuy, Ezequiel Maneiro; el exintendente Gustavo Roldán; y la presidenta de Cristamine SA, Amalia Maluendez.
La hipótesis que analiza el juzgado es que funcionarios provinciales y municipales, en distintas etapas, habrían avalado —por acción u omisión— la continuidad de actividades que debían permanecer clausuradas hasta regularizar su situación ambiental.
En términos procesales, el “estado de sospecha” no implica culpabilidad, pero sí habilita el primer acto formal de imputación para que los convocados ejerzan su defensa.
El origen: dos amparos y órdenes de clausura
El conflicto se remonta a 2022 y tiene como antecedentes dos acciones de amparo. Una tramitó ante la justicia provincial —“Luciano, Ricardo José c/ Sr. Gobernador Gustavo Eduardo Bordet s/ acción de amparo”— y fue confirmada por el Superior Tribunal de Justicia. La otra, de carácter federal —“Cadoppi, Carlos Humberto c/ Provincia de Entre Ríos s/ amparo ambiental”—, se sustanció ante el juzgado federal de Gualeguaychú.
En mayo de ese año, ambas resoluciones ordenaron al Gobierno provincial la clausura de todas las areneras y plantas de lavado que no hubieran cumplido con una secuencia estricta: presentación y aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), realización de audiencias públicas conforme a la Ley General del Ambiente, cumplimiento del artículo 57 del Decreto 4977/09 y obtención del Certificado de Aptitud Ambiental previsto en el Decreto 3498/16.
La discusión judicial se centra en si esa secuencia fue respetada.
Antes del dictado de una de las sentencias federales se celebró una audiencia en la que participaron el juez, el secretario civil, la fiscal federal y su adjunto. También estuvieron presentes Bahillo —quien además presidía el CORUFA conforme a la Ley 9172—, el fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes y el denunciante.
Según consta en el expediente, en esa instancia no se cuestionó la competencia ni el alcance de la futura resolución. Para la querella, ese dato refuerza que las autoridades estaban en conocimiento de las órdenes judiciales.
Las notificaciones de clausura fueron incorporadas a los expedientes administrativos de las areneras, incluida la planta “La República” (ex “La Vertiente”), de Cristamine SA.
Un municipal en la mira
Uno de los puntos más controvertidos es el Decreto 278/2022, firmado el 10 de mayo de 2022 por el entonces intendente Gustavo Roldán, que otorgó a la arenera “La República” el Certificado de Aptitud Ambiental.
Para los denunciantes, esa decisión invirtió el orden legal, ya que la planta no habría cumplido con un requisito esencial: la audiencia pública obligatoria, que —según la acusación— recién se realizó en febrero de 2025.
La causa también cuestiona la renovación posterior de la habilitación mediante el Decreto 55/2024 de la Municipalidad de Ibicuy, al considerar que habría convalidado un acto administrativo presuntamente viciado.
El impacto ambiental
Según la denuncia, en la zona se movilizan hasta 500 camiones diarios con 45 toneladas cada uno, lo que proyecta un volumen anual cercano a 4 millones de toneladas de arena, con posibilidad de duplicarse hacia 2030.
Los denunciantes sostienen que la extracción implica remover millones de metros cúbicos de sedimentos formados a lo largo de 4.500 años, afectando ecosistemas vinculados a los humedales del Paraná y el Uruguay.
Otro eje sensible es el uso de agua subterránea para el lavado de arena. Se estima que las plantas extraen entre 12 y 15 millones de litros diarios. La Ley Provincial de Aguas N° 9172 exige estudios técnicos previos sobre caudal, reposición y calidad del acuífero antes de autorizar usos intensivos, y la denuncia afirma que tales estudios no habrían sido realizados o verificados adecuadamente.
También se menciona un incremento en los niveles de hierro y manganeso en el agua distribuida por la cooperativa local, lo que habría incrementado los costos de filtrado.