El gobierno de Entre Ríos resolvió cancelar una obra pública ya adjudicada destinada a la ampliación y refacción de la Escuela Secundaria N.º 18 “Pedro Cornaló”, ubicada en el departamento Federación, y rechazó la mayor parte del reclamo presentado por la empresa constructora INCAR S.A. tras la rescisión del contrato.
La decisión quedó formalizada mediante un decreto firmado por el gobernador Rogelio Frigerio, que analizó un recurso de revocatoria presentado por la firma contra una resolución previa que había reconocido parcialmente algunos gastos derivados de la cancelación de la obra.
El proyecto contemplaba la ampliación y refacción del edificio para los niveles inicial, primario y secundario del establecimiento educativo. Sin embargo, el contrato fue rescindido posteriormente en el marco de la Ley de Emergencia Provincial N.º 11.138, normativa que habilitó al Estado provincial a revisar, renegociar o cancelar contratos de obra pública firmados con anterioridad por razones de oportunidad, mérito y conveniencia ante la situación económica.
Tras la rescisión del contrato, la empresa INCAR S.A. presentó un reclamo administrativo solicitando el pago de distintos gastos vinculados al proceso licitatorio y a la preparación del proyecto. Entre los conceptos reclamados incluyó primas de pólizas de caución, gastos de elaboración de la oferta técnica y económica, documentación específica exigida por el pliego, honorarios profesionales y costos administrativos relacionados con la obra.
Desde la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), organismo encargado del proyecto, se consideró que gran parte de esos rubros no podían ser reconocidos como daño emergente, es decir, como pérdidas patrimoniales directas derivadas de la rescisión contractual. Según el análisis oficial, varios de los gastos reclamados forman parte del riesgo empresario propio de la participación en licitaciones públicas, mientras que otros no contaban con documentación suficiente o no tenían una relación directa con la cancelación del contrato.
En el expediente también intervino la Fiscalía de Estado de Entre Ríos, que coincidió en líneas generales con el criterio del organismo comitente. No obstante, el dictamen señaló que algunos montos reconocidos previamente debían ser reliquidados e incluir los intereses correspondientes desde el momento en que se produjeron los gastos hasta su cancelación.
Finalmente, el Ejecutivo provincial resolvió hacer lugar parcialmente al recurso presentado por la empresa, aunque únicamente respecto de la cuantía de los rubros ya reconocidos. En ese marco, se autorizó el pago de $1.510.656,22 en concepto de intereses, correspondientes a los gastos previamente admitidos por la administración tras la rescisión del contrato.
El resto de los reclamos formulados por la constructora fue rechazado por la Provincia, que sostuvo que no se verificaron pérdidas patrimoniales directas vinculadas a la rescisión o que los gastos reclamados forman parte de los costos habituales que asumen las empresas al participar en procesos licitatorios.
La resolución se inscribe en una serie de decisiones adoptadas por la administración provincial tras la declaración de emergencia, que habilitó la revisión y cancelación de distintos contratos de obra pública celebrados antes de la sanción de la normativa.
De esta manera, la Provincia autorizó el pago de $1.510.656,22 en concepto de intereses sobre los gastos previamente reconocidos por la rescisión del contrato. Ese monto se suma a los $1.291.234,64 que ya habían sido abonados en 2025, por lo que el desembolso total realizado por el Estado provincial en este caso asciende a $2.801.890,86.