Según el comunicado difundido por el gremio, la propuesta oficial contempla la eliminación del 82% móvil, reemplazándolo por un sistema de cálculo basado en el promedio de los últimos 30 años de aportes. De aplicarse este criterio, sostienen, la jubilación inicial se reduciría a entre el 50% y el 70% del salario actual.
Además, el proyecto prevé desvincular los aumentos de los haberes jubilatorios respecto de los sueldos de los trabajadores activos, sustituyéndolos por un índice atado a la fórmula de movilidad de la ANSES. Para AJER, esto implicaría “una pérdida progresiva del poder adquisitivo” de los jubilados.
Desde el gremio también cuestionaron el trasfondo de la reforma y advirtieron que, si bien la Constitución provincial prohíbe la transferencia de la Caja de Jubilaciones a la ANSES, el objetivo sería “convertirla en una réplica del sistema nacional”.
En este contexto, el plenario resolvió impulsar una movilización provincial, coordinar acciones con otros gremios y organizaciones, y participar en todas las instancias de diálogo que se habiliten para discutir el futuro del sistema previsional.
Propuestas alternativas
Frente al diagnóstico oficial, AJER planteó una serie de medidas para garantizar la sustentabilidad de la Caja sin afectar derechos. Entre ellas, destacan la recuperación de aportes que corresponderían a la ANSES, el impulso a un blanqueo salarial para eliminar pagos no registrados en el Estado y los municipios, y la unificación de recursos mediante la eliminación de cajas municipales.
Asimismo, propusieron transparentar el cálculo del déficit, excluyendo aquellos beneficios que responden a decisiones políticas del Estado – como pensiones especiales o reconocimientos – y que, aseguran, distorsionan la situación financiera real del sistema.
“El camino no puede ser el ajuste sobre los jubilados”, señalaron desde el gremio, al tiempo que ratificaron su postura en defensa de “una jubilación digna”.