Camejo cuestionó el operativo de la policía y de la fiscal Daniela Montangie, que decidió detenerlos Aseguró que los trabajadores administrativos no constituían una “patota”. De lo contrario, sostuvo que parecerían unos delincuentes, “y eso no es así”. En cambio, cuestionó a quienes están actualmente ocupando ilegalmente el sindicato ya que no tienen ningún permiso para hacer lo que están haciendo.
Los detenidos masculinos se encontraban detenidos este mediodía en la Jefatura de Policía y las mujeres en la Comisaría del Menor y la Familia, bajo el presunto delito de usurpación. Pero fuentes legales con acceso al caso destacaron que deberían recuperar la libertad en las próximas horas, luego de la audiencia que deberían mantener con las autoridades judiciales.
No obstante, el sindicalista sostuvo que el sindicato no se encuentra intervenido. Remarcó que, si alguien quiere decir lo contrario, debería mostrar la resolución judicial que acredita la intervención, quién es el interventor y cuál es el motivo de dicha intervención.
Camejo remarcó que quienes se encuentran dentro del sindicato en este momento, Iván Amaro y el abogado Alejandro Jacobi, ingresaron el domingo 28 de diciembre de manera ilícita a la sede gremial en calle Saavedra.
“Hasta el día de la fecha dicen por todos lados que son interventores del sindicato”. Pero, desde la conducción que quedó fuera del sindicato, sostuvieron que solo pueden mostrar un sello y un libro de actas del sindicato. Por ello, acudieron a la Justicia Federal para denunciarlos por presunta usurpación de autoridades, coacción agravada y ocupación de inmueble.
En la denuncia, incluyeron lo sucedido en la delegación del sindicato de Chajarí, ya que habrían amenazado al responsable de la misma, Gustavo Acosta, para que firmase el acta de la supuesta intervención.
Más adelante, Camejo cargó contra las personas que están al frente del sindicato, a quienes calificó como “delincuentes”, remarcó que son bancadas por la gobernación de la provincia, por el intendente Francisco Azcué y por Juan Manuel Picón, quien está al frente de la Superintendencia de Salud, encargado de controlar las obras sociales. Camejo mencionó que Picón es un funcionario que acumula denuncias judiciales.
Una de ellas es la que publicó La Nación el 30 de octubre del año pasado: “Otra vez un contrato sospechoso en una obra social intervenida por el Gobierno. El fiscal Guillermo Marijuan, el mismo que investiga la gestión en la obra social de los empleados rurales (Osprera), presentó una denuncia penal para que se investigue la contratación de una empresa de informática en la obra social de la industria del fósforo (Ospif), una de las ocho intervenidas durante el gobierno de Javier Milei. Esa firma fue creada por Juan Manuel Picón, que saltó de la actividad privada a la Superintendencia de Salud (SSS) en marzo de 2024. Cinco meses después, la empresa sumó a su cartera de clientes a la obra social del fósforo”.
https://www.lanacion.com.ar/politica/investigan-a-un-funcionario-de-salud-por-otro-contrato-sospechoso-en-una-obra-social-intervenida-por-nid30102025/