El mecanismo habría consistido en direccionar a responsables de tarjetas de compra —más de una treintena— hacia determinados proveedores locales. La “sugerencia”, que en algunos casos habría incluido presiones u otros «mecanismos de persuasión» habría sido con el objetivo de concentrar las operaciones de compra de alimentos en dos firmas específicas, generando un circuito cerrado con beneficios económicos para los involucrados.
En paralelo, aparece en escena una figura masculina sin rol formal dentro de la Coordinación Departamental de Comedores en Concordia, pero con acceso a oficinas y con capacidad para manejar dinero en efectivo y logística de mercadería. Un dato que no es menor y que podría robustecer la hipótesis de una posible organización ilícita con reparto de funciones.
La investigación preliminar habla de un presunto desvío de fondos públicos destinados a la alimentación de 37 comedores, por una suma que supera los 100 millones de pesos.
En ese contexto, las imputaciones serían por peculado, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y asociación ilícita.
La causa comedores
El escándalo tomó estado público a mediados de 2025 luego de que se conocieran los resultados de una auditoría realizada entre marzo y abril de 2025 por parte del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia que detectó diferencias sustanciales entre lo facturado y lo efectivamente entregado en al menos 37 escuelas, lo que motivó el despido de la coordinadora de comedores escolares en Concordia, Silvina Murúa.
A la par, directivos escolares empezaron a formalizar denuncias por retiro intempestivo de tarjetas SIDECREER, presiones para comprar a determinados proveedores, faltantes de mercadería y dificultades para rendir cuentas.
Días después, una investigación periodística de este medio puso en el centro de la escena a los empresarios Iñaki y Martín Partarrié, padre e hijo, vinculados a las firmas “Ahora Voy SRL” y “Partarrié Distribuciones SAS”. En pocos meses, ambas empresas habían pasado a ocupar un lugar privilegiado como proveedoras del Estado, tanto a nivel provincial como municipal, concentrando contrataciones millonarias en el sistema de comedores.
El crecimiento fue, cuanto menos, vertiginoso. “Ahora Voy SRL”, inscripta en septiembre de 2023, logró posicionarse rápidamente como uno de los principales proveedores de alimentos dentro de la ciudad de Concordia. En paralelo, la firma del padre acumulaba más de 400 millones de pesos en contrataciones en el lapso de un año y medio.
Incluso, en medio del escándalo, se filtraron grabaciones de conversaciones privadas entre uno de los empresarios y la funcionaria eyectada, en las que se discutían faltantes de dinero en fajos de billetes, lo que aportó mayores sospechas sobre el manejo irregular de fondos.
La causa dio un salto con los allanamientos realizados a fines de junio de 2025, cuando la Justicia comenzó a avanzar sobre domicilios particulares y comerciales vinculados a los principales sospechados.
Poco después, se produjo la detención de un empresario local que, según la investigación, cumplía un rol central en la logística del dinero: una especie de “valijero” que trasladaba efectivo entre los proveedores y la estructura estatal. Una figura conocida en distintos ámbitos de la ciudad y vinculado políticamente al MID.
“Estaba siempre, pero nadie sabía bien qué hacía”, fue una de las frases que se repitió en los relatos.
Este intermediario habría sido quien llevaba grandes sumas de dinero en negro, que luego eran canalizadas hacia circuitos informales de cambio de divisas. En los procedimientos se secuestraron, además, cerca de 48 millones de pesos, unos 7000 dólares en efectivo y armas de fuego.
Para finales de agosto de 2025, la Fiscalía ya había formalizado la ampliación de la causa, delineando con mayor precisión los contornos de la presunta maniobra donde confluyen funcionarios, familiares directos, colaboradores externos y empresarios, con roles diferenciados pero coordinados.