El caso involucra a un conductor de camiones al que la Justicia le reconoció una incapacidad del 70%, cifra que fue determinada mediante la aplicación del baremo Altube-Rinaldi, en lugar del previsto por la normativa específica del sistema (Decreto 659/96). A partir de esa valoración, la sentencia fijó indemnizaciones que, sumadas, incluyen conceptos por incapacidad, daño moral y daño punitivo.
Uno de los puntos más controvertidos del fallo es la incorporación de una condena por daño punitivo bajo la Ley de Defensa del Consumidor, criterio cuestionado por el sector asegurador al considerar que se trata de un régimen ajeno al sistema de Seguridad Social regulado por la Ley de Riesgos del Trabajo.
Desde el sector también advierten que el proceso judicial habría omitido el paso previo obligatorio por las Comisiones Médicas Jurisdiccionales, instancia prevista por la normativa vigente para la determinación de incapacidades y prestaciones.
Además, la sentencia declaró la inconstitucionalidad de diversos artículos del marco legal del sistema, incluyendo disposiciones de la Ley de Riesgos del Trabajo, su reforma 27.348, normas provinciales de adhesión y otros decretos vinculados, lo que según las aseguradoras implica un “desarme integral” del esquema vigente.
La actualización de los montos también generó críticas. El fallo aplicó un mecanismo de actualización basado en RIPTE más un 12% anual, con capitalización semestral, criterio que —según fuentes del sector— eleva significativamente los valores finales de las condenas.
De acuerdo a datos de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), Entre Ríos registra uno de los mayores crecimientos de litigiosidad del país, con un aumento del 25% en 2025, frente al 6% promedio nacional.
Ante la denegación del recurso extraordinario provincial, la aseguradora involucrada presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde además solicitó la suspensión de la ejecución de la sentencia.
La definición del máximo tribunal será clave para el sistema, ya que podría sentar un criterio sobre el alcance de las actualizaciones, la aplicación de normas complementarias y el funcionamiento del esquema de Riesgos del Trabajo en casos de alta complejidad económica.