En efecto, el Sanatorio Concordia formalizó una restricción en sus servicios para los jubilados y pensionados de la obra social nacional. La medida responde a un desfasaje financiero que la institución califica como «insostenible», producto de la brecha entre la inflación y los aranceles percibidos.
Cirugías programadas: Suspendidas aquellas que no revisten urgencia ni riesgo de vida.
Consultas de especialistas: Suspendidas desde esta semana.
Guardia médica: Únicamente se atienden casos de «urgencia y emergencia».
Lemesoff reconoció el impacto social de la medida: “Hace dos o tres semanas se restringieron parcialmente ciertos servicios como son las cirugías programadas que no son urgentes y que no ponen en riesgo la vida del paciente; desde el día de ayer se suspendieron las consultas con especialistas”.
La problemática en Concordia adquiere una dimensión mayor que en otras localidades entrerrianas debido al volumen de pacientes que dependen exclusivamente de este prestador. El sanatorio gestiona una cápita fija de 15.000 afiliados para internación y brinda cobertura de alta complejidad a un padrón de casi 40.000 personas.
Además del aspecto sanitario, preocupa el frente laboral. La institución sostiene de forma directa a 145 empleados y cerca de 80 profesionales médicos, además de un centenar de proveedores indirectos que dependen de la cadena de pagos del sanatorio.
Pese a que las autoridades locales del sanatorio mantienen un diálogo frecuente con la Unidad de Gestión Local (UGL) de PAMI, las soluciones de fondo parecen estar estancadas en las oficinas nacionales del organismo.
“A mí me toca estar de este lado del mostrador, que es salvaguardando los recursos y los puestos de trabajo, tanto médicos y no médicos, para poder seguir operando”, expresó el director médico, quien concluyó aclarando que, si bien advirtieron sobre esta situación hace 15 días a las autoridades correspondientes, hasta el momento no se ha recibido ninguna propuesta concreta desde la administración central de la obra social.