Nadie serio en finanzas públicas puede negar que un Estado que gasta sistemáticamente por encima de sus ingresos termina trasladando ese desequilibrio a la sociedad: vía inflación, deuda, impuestos distorsivos o deterioro de los servicios públicos.
El problema del actual gobierno nacional no fue haber colocado el equilibrio fiscal como pilar de su programa económico. El problema fue cómo lo hizo. Allí estuvo la verdadera falla: no en la decisión de ordenar las cuentas, sino en la mala praxis con la que se ejecutó ese objetivo.
Porque una cosa es alcanzar el equilibrio fiscal mediante una reforma inteligente del Estado, eliminando gastos improductivos, privilegios, superposiciones administrativas, estructuras innecesarias, subsidios regresivos y programas sin evaluación de resultados.
Y otra cosa muy distinta es lograrlo bajando salarios reales, paralizando la obra pública, recortando transferencias a provincias, desfinanciando universidades, debilitando el sistema educativo y castigando a los organismos de investigación en pleno siglo XXI, cuando la innovación es una condición básica del desarrollo.
El primer camino es una reforma del Estado. El segundo es una motosierra presupuestaria. Y esa diferencia explica buena parte del resultado económico actual.
La caída del consumo, la recesión que no termina de revertirse, el deterioro del mercado interno, la destrucción de empresas y la pérdida de empleo privado no son consecuencia inevitable del equilibrio fiscal en sí mismo.
Son consecuencia de la forma en que se buscó ese equilibrio. Es decir, no estamos frente al costo natural de ordenar las cuentas públicas, sino frente al costo de haberlo hecho sin cirugía fina, sin planificación y, sobre todo, sin mirar la productividad del gasto.
Ese es el punto central. El Gobierno confundió gasto con derroche. Y no todo gasto público tiene el mismo efecto económico. Hay gasto improductivo que debe eliminarse, pero también hay gasto público que sostiene actividad, mejora productividad, forma capital humano, financia infraestructura, fortalece capacidades científicas y permite que el sector privado produzca más y mejor.
Un ajuste bien diseñado distingue entre gasto corriente improductivo e inversión pública; entre privilegio y derecho; entre burocracia innecesaria y capacidad estatal; entre gasto político y gasto estratégico.
Un ajuste mal diseñado corta todo por igual. Y cuando se corta todo por igual, el resultado puede cerrar fiscalmente, pero abrir problemas mucho más profundos en la economía real.
Los datos del sector privado son una señal de alarma. Según cifras publicadas sobre la base de información de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, entre noviembre de 2023 y enero de 2026 se perdieron 24.180 empleadores, lo que implica una caída cercana al 5% del stock de unidades productivas. En el mismo período, se registró una baja de alrededor de 290.000 puestos de trabajo cubiertos. La propia SRT informó que en enero de 2026 había 488.177 empleadores asegurados en unidades productivas y 9.567.050 trabajadores cubiertos en esas unidades, con caídas interanuales de 2,24% y 1,06%, respectivamente.
El dato es todavía más grave cuando se lo compara con otros procesos de crisis. Durante el gobierno de Mauricio Macri, distintas estimaciones señalaron el cierre de casi 20.000 empresas en cuatro años, el peor registro desde la crisis de 2001 hasta ese momento. Ahora, la caída supera las 24.000 unidades productivas en apenas 26 meses. La comparación no es menor: muestra que el ajuste actual no solo golpeó sobre el consumo, sino también sobre la estructura productiva que debería sostener cualquier recuperación.
Allí aparece la trampa en la que está entrando el programa económico. El Gobierno necesita sostener el equilibrio fiscal para mantener su relato de orden macroeconómico. Pero ese equilibrio fue alcanzado sobre una base mal instrumentada: salarios deprimidos, obra pública paralizada, provincias desfinanciadas, universidades tensionadas, ciencia debilitada, consumo agotado y empresas cerrando.
Si la actividad económica no se recupera, si las Pymes venden menos, si el empleo privado se destruye y si la recaudación comienza a resentirse, entonces el superávit deja de apoyarse en una economía sana y empieza a depender de nuevos recortes.
Y cada nuevo recorte puede profundizar la recesión.
Esa es la verdadera encerrona: ¿cómo sostener el equilibrio fiscal cuando la forma de alcanzarlo debilitó la base económica que debería financiarlo?
Un superávit sostenible necesita crecimiento, inversión, productividad, empleo formal y recaudación genuina. Sin eso, el equilibrio se vuelve cada vez más difícil de sostener.
La obra pública es un buen ejemplo. Puede tener corrupción, sobreprecios e ineficiencia si está mal administrada. Pero también puede ser una herramienta indispensable para mejorar productividad, integrar territorios, bajar costos logísticos y generar competitividad. Paralizarla completamente no es eficiencia: es renunciar a planificar. Lo correcto habría sido auditar, priorizar, renegociar, transparentar y continuar aquellas obras con impacto económico y social comprobable.
Lo mismo ocurre con las universidades, la educación y la investigación. En pleno siglo XXI, ajustar sobre conocimiento es especialmente grave. El desarrollo económico depende cada vez más de la innovación, la tecnología, la formación de capital humano y la capacidad científica. Un país pobre, endeudado y con baja competitividad no puede ahorrar destruyendo las herramientas con las que mañana debería producir más.
También ocurre con las provincias. En un país federal, las provincias no son una sucursal administrativa de la Nación. Tienen responsabilidades concretas en educación, salud, seguridad, infraestructura y servicios básicos. Cortar transferencias de manera abrupta puede mejorar el resultado fiscal nacional, pero trasladar el problema hacia abajo. La Nación muestra superávit, mientras provincias y municipios absorben tensiones financieras, sociales y operativas, cerrando la mayoría de ellas con déficit fiscal. Eso no es federalismo fiscal responsable. Es recentralización del ajuste.
También hay que decir algo incómodo: el equilibrio fiscal no siempre tiene el mismo significado en todos los contextos. En una economía que crece, con crédito, inversión, estabilidad de precios y mejora de ingresos, el equilibrio fiscal puede consolidar expectativas y fortalecer la sostenibilidad macroeconómica.
Pero en una economía golpeada por recesión, inflación elevada, caída del salario real y fragilidad social, buscar el equilibrio inmediato exigía una cirugía de altísima precisión. No alcanzaba con cortar. Había que saber dónde cortar, cuándo cortar, cuánto cortar y cómo compensar los efectos recesivos.
Los ejemplos internacionales muestran que el ajuste fiscal puede tener resultados muy distintos según su diseño. Irlanda, luego de la crisis de 2008, aplicó una consolidación severa, pero sostuvo una estrategia de inserción internacional, atracción de inversiones y sectores dinámicos vinculados a tecnología y servicios globales. Grecia, en cambio, fue durante años el ejemplo de una austeridad profunda que, aplicada en medio de una depresión económica, agravó la caída del producto, deterioró el tejido social y dificultó la recuperación.
Esa es la palabra clave: diseño. No es lo mismo bajar gasto político que bajar inversión educativa. No es lo mismo eliminar privilegios que reducir salarios docentes. No es lo mismo ordenar subsidios que paralizar infraestructura básica. No es lo mismo auditar universidades que asfixiarlas presupuestariamente. No es lo mismo modernizar el Estado que desmantelar capacidades públicas necesarias.
Por eso, el Gobierno necesita corregir rápidamente la base del programa: reemplazar el recorte ciego por una reforma inteligente del gasto público. Eso implica revisar prioridades, medir la productividad de cada partida, proteger inversión estratégica, reconstruir ingresos sin ahogar al sector privado, ordenar subsidios con progresividad, reactivar obras prioritarias y generar condiciones reales para que la actividad económica se recupere.
La Argentina necesitaba equilibrio fiscal. Pero necesitaba un equilibrio fiscal inteligente, federal, progresivo, institucional y compatible con el crecimiento. Necesitaba una reforma del Estado, no una demolición presupuestaria. Necesitaba eliminar gastos improductivos, no castigar áreas estratégicas. Necesitaba una cirugía fina, no un hachazo.
El error del Gobierno no fue entender que el déficit fiscal era un problema. El error fue creer que cualquier camino hacia el superávit era válido. En finanzas públicas, como en medicina, no alcanza con que el paciente sobreviva a la operación: también importa en qué condiciones queda para vivir después.
El país está frente a una encerrona: sostener el equilibrio fiscal sobre una economía debilitada o corregir el rumbo antes de que la recesión erosione la propia base del programa. Esa es la trampa. Y salir de ella exige algo más que motosierra: exige planificación, inteligencia fiscal, sensibilidad social y estrategia productiva.
Hoy el Gobierno tiene una oportunidad concreta para corregir: cosecha récord, producción petrolera récord, minería en expansión y precios internacionales inflados por la guerra. Pero esa ventana no puede usarse para profundizar la misma mala praxis, sino para cambiar la metodología del ajuste. El equilibrio fiscal debe sostenerse con crecimiento y productividad del gasto, no destruyendo consumo, empresas, empleo y futuro.