La empresa había anunciado el cierre “por tiempo indeterminado” de la planta de Concepción del Uruguay argumentando una “delicada situación financiera” y responsabilizando al conflicto gremial por la paralización de las operaciones. En ese comunicado, también denunció supuestos bloqueos, trabajo a desgano y situaciones de violencia, además de asegurar que había agotado “todas las instancias posibles de diálogo”.
Sin embargo, desde el gremio rechazaron de plano esa versión y afirmaron que el conflicto “no es la causa del cierre, sino la consecuencia directa del incumplimiento de las obligaciones básicas del empleador”.
A través de un documento difundido este 28 de mayo, la conducción sindical sostuvo que Granja Tres Arroyos mantiene una deuda salarial correspondiente a la segunda quincena de abril y a la primera quincena de mayo de 2026.
Además, señalaron que la empresa había propuesto unilateralmente un plan de pagos en cinco cuotas para cancelar los haberes adeudados, aunque —según denunciaron— hasta el momento solo abonó “una cuota y media”.
“El pago parcial de salarios es utilizado como herramienta de represalia y maniobra antisindical para quebrar la unidad de los trabajadores”, advirtió el sindicato.
En el texto, también acusaron a la empresa de intentar forzar a los operarios a retomar tareas en condiciones “abusivas”, aprovechándose de la situación económica de muchas familias. Según indicaron, algunos trabajadores se ven obligados a aceptar esos condicionamientos ante la necesidad urgente de llevar ingresos a sus hogares, lo que incluso genera tensiones internas entre quienes sostienen las medidas de protesta y quienes regresan a trabajar.
La conducción sindical sostuvo además que la firma “manipula las liquidaciones de haberes a su antojo” y actúa de manera “temeraria e irresponsable” al avanzar con el cierre de la planta sin brindar precisiones sobre el futuro laboral de los empleados.
Asimismo, remarcaron que la falta de pago de salarios repercute directamente en obligaciones esenciales, entre ellas cuotas alimentarias destinadas a hijos de trabajadores, profundizando el impacto social del conflicto.
Finalmente, el Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación aclaró que no aceptará instancias de negociación “a título personal, extraoficial ni en petit comité”, aunque aseguró que los canales formales de diálogo ante autoridades competentes “continúan abiertos y en proceso”.