Durante la sesión, Amiano sostuvo que el bloque que integra está preocupado porque entiende que los ediles son quienes tienen la responsabilidad de generar el debate y acompañar institucionalmente a quienes hoy sienten cierta incertidumbre frente a esta reforma, que puede afectar derechos constituidos durante toda su vida de trabajo”.
La concejal dijo que sospechan que, bajo el argumento de ordenar y fortalecer la Caja, “se termine trasladando el peso del ajuste a los trabajadores y a los jubilados”. En ese sentido, explicó que saben que se necesita una reforma del sistema y una modernización. Pero no comparten el objetivo de que la sustentabilidad de la Caja se pueda alcanzar aumentando la edad jubilatoria y exigiendo más años de aportes. “Fortalecer la Caja no puede ser generando un ajuste para los que toda la vida sostuvieron al Estado con su esfuerzo”, manifestó.
Asimismo, Amiano abogó por una discusión con transparencia y la participación de todas las instituciones de manera amplia. “Creo que esto no se ha dado”, remarcó. Además, sostuvo que tienen un compromiso de “defender a quienes trabajaron toda la vida” y “merecen previsibilidad de parte del Estado”.
Entre los fundamentos del proyecto, se menciona que “el aumento progresivo de la edad jubilatoria hasta los sesenta y cinco (65) años para actuales aportantes y la exigencia inmediata de sesenta y ocho (68) años para nuevos ingresantes configura una alteración sustancial de las condiciones previsionales vigentes, afectando expectativas legítimas construidas a lo largo de años de aportes”.
A su vez, se destaca que “la elevación del requisito de servicios con aportes de treinta (30) a treinta y cinco (35) años impacta especialmente en trabajadores con trayectorias laborales discontinuas y en sectores particularmente afectados por condiciones estructurales de desigualdad”.
De la misma forma, se menciona que “la modificación de la base de cálculo del haber jubilatorio mediante la consideración del promedio actualizado de las últimas doscientas cuarenta (240) remuneraciones mensuales puede traducirse en una disminución efectiva del haber inicial, afectando el principio sustitutivo del salario”. Y que “la imposición de aportes extraordinarios adicionales y la continuidad de aportes por parte de beneficiarios de regímenes especiales trasladan el peso del saneamiento financiero a quienes ya sostuvieron durante décadas el sistema previsional”.
Por otra parte, en el proyecto se admite que “son valiosas las disposiciones vinculadas a modernización administrativa, digitalización y fortalecimiento de mecanismos de transparencia, ello no puede justificar retrocesos en materia previsional y que, desde ese bloque, entienden que «la sustentabilidad del sistema debe alcanzarse mediante mayor eficiencia administrativa, fortalecimiento recaudatorio, reclamo de acreencias y revisión integral del financiamiento, sin trasladar el costo del equilibrio a trabajadores y jubilados”.
Sin embargo, el proyecto fue rechazado sin mayores explicaciones. Los concejales del PJ levantaron la mano en soledad. No se sabe si la decisión del oficialismo se debió a no tener que defender un proyecto antipopular, resistido por los gremios estatales y docentes, aunque cabe dudar esa hipótesis viniendo de un cuerpo que ha llegado, incluso, a argumentar en favor de la no renovación de contratos de cocineras de los CDI (Centros de Desarrollo Infantil). O bien si la intención del oficialismo es bloquear toda iniciativa opositora, sin demasiadas manifestaciones al respecto, para no ceder la iniciativa.
Cuando terminó la sesión, Amiano admitió que la resolución solo expresaba una preocupación real por aspectos regresivos. No obstante, indicó que también se manifiesta que una reforma es necesaria. “Pero no ajustando a los jubilados y a las personas que sostuvieron durante décadas el funcionamiento del Estado”, argumentó.