El día 3 de marzo de 2023 se conmemoraba el segundo aniversario de la ofensiva militar rusa en el este de Ucrania, en una de las repúblicas del Donbass, que tras años de insistencias habían logrado que sus habitantes fueran escuchados por Putin, porque el ejército de Kiev atacó y bombardeó desde 2014 hasta 2022 a la población civil del Donbass, mientras que las autoridades europeas hacían la «vista gorda».
Casualmente, esos ataques coincidían con el golpe de Estado que dio en llamarse el «Euromaidan», que dividió al país en una guerra civil soterrada, dirigida personalmente por Victoria Nuland, subsecretaria de Seguridad de EE.UU., mientras contratistas militares y diversas agencias de inteligencia de EE.UU. y británicas dirigían las acciones sobre el terreno.
Ese día se esperaba la llegada del canciller alemán Olaf Scholz bajo una atmósfera de perfil bajo, porque la agenda se mantenía en una confidencialidad casi absoluta. Poco después se supo que la razón oficial de este secretismo era tan sencilla como inquietante. El canciller viajaba a EE.UU. para que Joe Biden le explicara los pormenores de un plan de comunicación institucional dirigido a eludir la responsabilidad de la cúpula de la OTAN en los atentados contra los gasoductos Nord Stream, que eran la principal arteria energética que nutría de gas ruso a bajo precio a la economía alemana y gran parte de Europa.
Por eso el canciller asistió solo a la cita y, sospechosamente, no se celebró conferencia de prensa. Tal como lo revelaron varios medios de comunicación germanos posteriormente, la clave del encuentro fue acordar una posición conjunta respecto de una serie de informaciones que iban a aparecer en la prensa alemana y de EE.UU., creando un «relato» fabricado del sabotaje de los gasoductos del Báltico en una filtración dirigida desde las «cloacas» federales que eliminaban la responsabilidad del Pentágono, la CIA y el MI6 británico en la preparación y ejecución del atentado.
Pocas semanas antes, el periodista estadounidense, muy galardonado y criticado por ser anti-establishment, Seymour Hersh, había publicado un reportaje que atribuía directamente a la Casa Blanca, con la colaboración del gobierno de Noruega, la responsabilidad del atentado. Según esta investigación, la orden de destruir esta infraestructura vino directamente de una decisión de Biden después de un acalorado debate de meses en el seno de la comunidad nacional de Washington.
Esta revelación implicaba que el atentado comenzó a estudiarse en enero de 2022, cuando todavía no se había producido la intervención de Rusia en Ucrania. La discusión no era si se producía o no el atentado, sino cuál era la mejor forma de hacerlo sin ser descubiertos, diseñando una operación de «falsa bandera». La condición era, como en toda la Guerra Fría, que las operaciones debían planificarse y ejecutarse de tal manera que las personas no autorizadas no pudieran atribuir la responsabilidad al gobierno de EE.UU. y que, si se descubrían, el Gobierno pudiera negar sistemáticamente cualquier responsabilidad.
Era una forma de negar lo que ya sospechaban todos y que fue verbalizado por un eurodiputado polaco, agradeciendo en las redes a EE.UU. por la destrucción del gasoducto ruso-germano. Los estrategas de Washington eran muy conscientes de que la mecha se había encendido y que solo era cuestión de tiempo para que la sociedad se preguntara cómo era posible el sabotaje de una estructura clave para el desarrollo y la seguridad energética europea.
Además, se negaban a creer que había sido responsabilidad de la inteligencia rusa, pues ese país se beneficiaba con la venta de gas a Europa y, encima, había invertido millones de dólares en su construcción.
Lo que llamó la atención fue la falta de interés de las fiscalías danesa, noruega, finlandesa y alemana para llegar al fondo de la cuestión. Era la mayor muestra de que todos eran conscientes de que lo más probable era que se hubiese tratado de una operación en la que, de una manera u otra, estaba implicada la cúpula de la Alianza Atlántica.
El objetivo principal en esos momentos era echar «tierra encima del cadáver» para que la sociedad perjudicada apartara la mirada de los verdaderos autores. Pero la gravedad de las consecuencias del sabotaje, que perjudicó especialmente a Alemania —que era lo que quería EE.UU.—, hacía necesario buscar o crear culpables, sobre todo responsabilizando a otros.
Y, descartados los rusos, los servicios secretos ucranianos eran la opción perfecta para cargarles el muerto, porque al fin y al cabo era Ucrania la que dependía de la OTAN para su guerra con Rusia.
La novela del relato de EE.UU., buscando responsables del atentado que perjudicó a gran parte de Europa, apareció con el funcionamiento de la propaganda, ahora en Europa, con la precisión de un reloj suizo, que es lo único que funciona en Europa hoy.
Una aparente investigación conjunta del semanario Die Zeit y las cadenas televisivas ARD y SWR apuntaba a un grupo de ucranianos como autores de los sabotajes a los gasoductos Nord Stream, pero que se había ejecutado sin el conocimiento del gobierno de Zelensky (¿?).
Claro, una cosa es culpar a unos «díscolos» ucranianos y otra muy distinta implicar al «actor» (adiestrado por el MI6 británico) y reconvertido en político respetado en Europa, a pesar de los informes de corrupción y nepotismo en poder de las autoridades europeas y de EE.UU.
Por último, según esta seudoinvestigación, el ataque lo llevó a cabo un grupo de ucranianos que alquilaron un yate a una empresa con sede en Polonia, luego llenaron la embarcación con explosivos y emplearon buzos para colocar los artefactos explosivos a 80 metros de profundidad en los gasoductos Nord Stream 2.
El atentado se produjo a la altura de la isla de Bornholm, bajo control danés, territorio que alberga instalaciones de radar de la OTAN de última generación y que fue tomado por el ejército de EE.UU. pocos meses antes del atentado en unas maniobras impulsadas por el Pentágono denominadas Defender Europe 2022.
Poco después, en el Báltico, la Alianza Atlántica inició otro de sus juegos de guerra, conocidos como Baltops, destinados a probar los últimos avances en tecnología de minas y vehículos no tripulados en el lecho marino (drones marinos).
Y luego llegó agosto y un total de 4.000 soldados de EE.UU., pilotos de helicópteros, soldados de infantería naval, personal de apoyo y analistas de inteligencia realizaron la mayor operación en el Báltico desde la Segunda Guerra Mundial.
En este contingente estaba el buque Kearsarge, un gigante especializado en operaciones anfibias, con el objetivo no confeso de poner a raya a los submarinos rusos nucleares que se encontraban frente al enclave de Kaliningrado.
Y así llegamos a septiembre, cuando en los primeros días un helicóptero Sikorsky MH-60 de la Marina de EE.UU. pasó horas volando sobre la ubicación de los gasoductos cerca de la isla durante varios días seguidos.
El servicio de seguimiento de aeronaves reveló que el helicóptero utilizaba como base territorio polaco, aparato al que se sumó un helicóptero de la Marina holandesa.
Para completar el cuadro, el mismo día del atentado la agencia Reuters informó de la presencia de un avión de patrulla y reconocimiento de la Marina de EE.UU. —el P-8 Poseidon— sobrevolando la zona de las explosiones horas antes de que se produjeran.
Pareciera que son los peores vigilantes del mundo o bien participaron de alguna forma en el sabotaje, porque toda el área estaba controlada por fuerzas de la OTAN, realizando o simulando ejercicios de guerra simultáneos y actuando por mar y aire justo en las ubicaciones donde se produjeron las explosiones que destruyeron los gasoductos.
No hay que dejar de mencionar que en 2021 Polonia intentó atacar esta estructura cuando un submarino y un buque de guerra intentaron minarla sin éxito. También las fuerzas armadas polacas intentaron sabotear a los buques rusos que procuraban reparar las tuberías del Nord Stream 2, pero se vieron obligadas a retirarse.
Curiosamente, por ese mismo lecho marino también transcurría el gasoducto Baltic Pipe, infraestructura desarrollada por Polonia, Dinamarca y Noruega, competidora directa de su rival germano-rusa y que, sorpresivamente, no fue afectada por las explosiones.
Con su puesta en marcha, los polacos lograron prescindir de la dependencia histórica de Gazprom, tomando una hoja de ruta para apoyarse en sus vecinos nórdicos y en el gas natural licuado.
Cuando se publicó la farsa de la culpabilidad de los ucranianos, el gobierno y la fiscalía de Alemania permanecieron en silencio, a pesar del daño inmenso que les produjo el atentado cometido por saboteadores de un país ajeno, lo que constituye un acto de guerra contra uno de los miembros de la OTAN.
Hubo complicidad alemana en el canciller Scholz por el silencio ominoso, a pesar de que le pusieron las pruebas delante de sus narices.
Por eso los votantes alemanes, al ver que la energía costaba tres veces más cara por la importación de gas licuado de EE.UU., reaccionaron políticamente.
Pero no nos asombremos del «amigo americano». La destrucción de los gasoductos Nord Stream y las sanciones a Rusia, que acabaron golpeando a las economías de Europa, sobre todo a Alemania, formaron parte de un proceso que comenzó varias décadas antes del enfrentamiento entre Rusia y Ucrania.
Para los estrategas de Washington era intolerable que Berlín y Moscú tejieran una alianza energética que reforzara los lazos euroasiáticos, con una China que podría atraer aún más a la Unión Europea a su esfera de influencia.
Para comprender estos comportamientos sinuosos de las potencias, donde el engaño y la traición son moneda corriente, hay que entender que: «La OTAN fue creada para mantener fuera a la Unión Soviética, a los EE.UU. adentro y a Alemania debajo».
Fuente: Opinión