A partir de la presentación realizada por Giampaolo y de la documentación incorporada a la causa, Amiano y Villalba consideraron necesario que también intervenga el Tribunal de Cuentas, en su carácter de órgano de control externo de la hacienda pública municipal.
Ante la magnitud económica de la contratación —más de 3.000 millones de pesos anuales de recursos municipales—, las concejalas solicitaron la actuación inmediata del organismo para analizar la legalidad de lo actuado y determinar si existen riesgos o eventuales perjuicios para el patrimonio público.
Las concejales también recordaron que el bloque justicialista presentó un pedido de informes y también se hizo un pedido de acceso a la información pública, dos acciones diferentes, una regulada por el concejo deliberante y la otra por una ley nacional, exigiendo transparencia sobre la contratación directa de la empresa VITSA Soluciones Ambientales S.A. para la recolección de residuos tras declararse la emergencia ambiental. Los cuales nunca fueron contestados.

En la presentación también sostienen que la existencia de una investigación judicial no excluye la necesidad de que funcionen los mecanismos administrativos de control. Por el contrario, entienden que corresponde adoptar medidas preventivas mientras se desarrollan las actuaciones judiciales.

El pedido incluye que el Tribunal de Cuentas evalúe de manera independiente la legalidad del procedimiento administrativo utilizado, la razonabilidad económica del contrato, la existencia de previsión y disponibilidad presupuestaria, los informes técnicos y jurídicos que respaldaron las decisiones adoptadas y el eventual impacto patrimonial para el municipio.
Amiano y Villalba afirmaron además que la situación excede una discusión política, dado que involucra recursos públicos y la prestación de un servicio esencial para la ciudad. Por ese motivo, reclamaron que el organismo requiera toda la documentación vinculada al expediente, audite el procedimiento y determine si existieron irregularidades administrativas, contables, presupuestarias o patrimoniales.

La presentación se produce luego de fuertes cuestionamientos públicos sobre la forma en que se instrumentó la contratación, tras la difusión de denuncias vinculadas con presuntas irregularidades en el procedimiento, los plazos en que se desarrollaron los actos administrativos y el volumen de fondos comprometidos.
«El Tribunal de Cuentas debe actuar con celeridad. Concordia necesita saber si un servicio público esencial fue contratado conforme a derecho, con transparencia, con respaldo técnico suficiente y sin ocasionar perjuicios al patrimonio municipal», expresaron las concejalas.



7 comentarios
Jorge
Azcué va camino a Urribarri. Mariani y el Juanjo
Maggy Martínez
Me parece muy bien que se investigue como puede ser q si estamos en una emergencia ambiental pase menos q antes el recolector en mí zona pasaba todos los días ahora pasa 2 veces por semana además dejar sin trabajo a los señores q antes hacían ese trabajo para pagar a unos q son de otra provincia aunque dicen q es todo humo por q es pariente del intendente el dueño de la recolección nueva hay q investigar y también si es verdad q se te cobran en los impuestos la basura q todas en el campo del Abasto por eso la pesan y te piden todos los datos habidos y por haber
Norma
No era Azcué, era Asueta…Bordet nos dio la boleta cambiada
Los pendorchos nunca tocaron nada
De lo que no es propio, por este motivo se sienten seguros y tan inmaculados los peronistas «que hasta pueden acusar a otros porque los peronchos nunca tocaron dinero del estado
Pato
Azcue es el Intendente más mano larga y culo sucio!!!
Asueta
tres mil millones te estan afanando la cooperativa radicheta de AZCUE Y SASTRE. El fiscal tendria que averiguar porque renuncio Lopez como secretario de servicios publicos, y que hace el tio de Azcue con la villuya
MACALLA
ya era hora que alguien denuncie a la corrupcion de azcue, ferreyra y del olio, se estann robando todo!!!!! VAMOS AVER Q HACEN LOS FISCALES TRUCHOS DE CONCORDIA