El Gobierno nacional festeja el 4,4% de crecimiento del PBI en 2025 como si fuera la confirmación definitiva del éxito del programa económico. Pero cuando se deja de mirar el promedio y se abre la economía provincia por provincia, la lectura cambia por completo: la recuperación no fue pareja, no alcanzó a todos los sectores y tampoco benefició a todos los territorios.
Entre Ríos es una de las pruebas más claras de esa desigualdad. Según la estimación de Equilibra, elaborada con la metodología de la CEPAL y del Ministerio de Economía para medir el desempeño comparado de las 24 jurisdicciones, la provincia cayó 0,6% entre 2022 y 2025. En otras palabras, mientras el relato oficial habla de crecimiento, la realidad productiva entrerriana muestra retroceso.
Un crecimiento que no llegó a todos
Los datos son contundentes: de las 24 jurisdicciones argentinas, solo nueve lograron crecer en el período analizado. Las otras quince retrocedieron. Neuquén lidera con un impresionante 31,7%, impulsada por Vaca Muerta. Detrás aparecen la Ciudad de Buenos Aires (+3,4%), Salta (+2,9%), Catamarca (+2,7%), Santa Fe (+2,6%), Río Negro (+2,4%), Mendoza (+2,0%), San Juan (+0,9%) y Córdoba (+0,5%).
Del otro lado del mapa, las mayores caídas se observan en Tierra del Fuego (-13,7%), Formosa (-13,0%) y Santiago del Estero (-12,1%). Entre Ríos, con -0,6%, no está en el fondo del ranking, pero sí forma parte del lote de provincias que no consiguieron subirse a la recuperación. Ese dato por sí solo ya obliga a una primera conclusión: el modelo económico puede estar generando crecimiento, pero no desarrollo generalizado.
El país que se parte en dos
La desigualdad sectorial tiene un correlato territorial directo. La estimación de Equilibra, basada en la metodología que la CEPAL desarrolló junto con el Ministerio de Economía para seguir 52 actividades en cada jurisdicción, muestra que entre 2022 y 2025 solo 9 de las 24 jurisdicciones crecieron y 15 retrocedieron. La información debe leerse como una estimación comparable y no como una estadística oficial del INDEC, porque el organismo nacional no publica actualmente una serie anual homogénea del Producto Bruto Geográfico (PBG) de todas las provincias. Sin embargo, es hoy una de las aproximaciones más consistentes para observar el mapa federal de la actividad.
El dato más elocuente es la distancia entre los extremos. Neuquén, de la mano de Vaca Muerta, creció 31,7%. Muy por detrás aparecen la Ciudad de Buenos Aires, con 3,4%; Salta, 2,9%; Catamarca, 2,7%; Santa Fe, 2,6%; Río Negro, 2,4%; Mendoza, 2%; San Juan, 0,9%; y Córdoba, 0,5%. Del otro lado, Tierra del Fuego cayó 13,7%; Formosa, 13%; Santiago del Estero, 12,1%; San Luis, 8,7%; Chaco, 6%; La Rioja, 5,2%; Misiones, 4,5%; Jujuy, 4,3%; y Tucumán, 3,8%. Entre Ríos aparece con una contracción de 0,6%.
La conclusión no es que los gobiernos de las provincias que crecieron hayan sido necesariamente más eficientes ni que los que retrocedieron hayan gestionado peor. El PBG, por sí solo, no permite establecer esa causalidad.
La estructura productiva de cada jurisdicción resultó determinante. Neuquén se benefició del salto de la producción no convencional; Río Negro, de la expansión energética y de inversiones asociadas; Catamarca y San Juan, de la minería; CABA, del peso de las finanzas, los servicios inmobiliarios y profesionales; y varias provincias pampeanas, de la recuperación agroindustrial posterior a la sequía. La geología, la especialización sectorial y el punto de partida explican mucho más que una lectura simplista sobre la calidad de cada administración provincial.
Dicho de otro modo: el modelo nacional no produjo un crecimiento homogéneo que luego cada provincia aprovechó mejor o peor. Produjo incentivos y condiciones macroeconómicas que favorecieron especialmente a determinadas actividades y territorios. Las jurisdicciones vinculadas a hidrocarburos, minería, finanzas o segmentos exportadores dinámicos tuvieron un viento a favor. Las economías regionales diversificadas, la industria manufacturera, el comercio y la construcción enfrentaron un escenario mucho más adverso.
Entonces, la señal dominante es nacional y sectorial: el esquema favorece recursos extractivos y grandes inversiones, mientras deja más expuestas a las provincias basadas en pymes, comercio, manufacturas y economías regionales.
El problema no es solo cuánto crece el país, sino cómo y para quiénes
La explicación de esta disparidad está en el propio diseño del esquema económico. Desde diciembre de 2023, la combinación de apertura comercial, apreciación cambiaria y beneficios fiscales concentrados —como el RIGI— orientó la recuperación hacia sectores extractivos con ventajas muy marcadas, especialmente petróleo y minería.
Es decir, el crecimiento se apoyó en actividades puntuales y en provincias con condiciones muy específicas para capturar esos beneficios.
Eso significa que no estamos frente a un modelo que impulse de manera equilibrada a toda la estructura productiva argentina. El propio economista de Equilibra, Lorenzo Sigaut Gravina, definió este fenómeno como un “microclima” en determinadas actividades primarias, frente al estancamiento del resto de los sectores transables.
La pregunta de fondo, entonces, no es si el país crece, sino si ese crecimiento es lo suficientemente amplio como para incluir al interior productivo argentino. Hoy, claramente, la respuesta es no.
Por qué Entre Ríos sale perjudicada
Entre Ríos tiene una matriz productiva muy distinta a la de las provincias ganadoras. No vive de Vaca Muerta ni de la gran minería. Entre Ríos no se apoya en hidrocarburos ni en minería a gran escala.
Su estructura combina agricultura, ganadería, avicultura, citricultura, arroz, lácteos, forestoindustria, alimentos, industria manufacturera, comercio y una extensa red de pequeñas y medianas empresas.
Los datos oficiales provinciales muestran que el agro representa alrededor del 20% del producto, la industria cerca del 11% y el comercio aproximadamente el 17%. Son actividades que agregan valor y generan empleo, pero que también dependen de márgenes competitivos, demanda interna, crédito, logística y acceso estable a los mercados.
El esquema aplicado desde diciembre de 2023 combinó equilibrio fiscal, reducción del gasto nacional, apertura comercial, apreciación del tipo de cambio real durante buena parte del período e incentivos como el RIGI, orientados principalmente a grandes proyectos. Para los sectores extractivos con ventajas comparativas excepcionales, esas reglas pueden resultar atractivas. Para una economía agroindustrial diversificada, exportadora y pyme, la combinación produce tensiones distintas.
Cuando el tipo de cambio pierde competitividad, las exportaciones regionales pierden margen. Cuando se abren importaciones sin una política que compense asimetrías frente a productos subsidiados o de menor costo provenientes del exterior, las pymes industriales y las cadenas agroindustriales quedan sometidas a una presión creciente. Y cuando el Estado nacional se retira en obra pública, transferencias y financiamiento, provincias como Entre Ríos quedan todavía más expuestas.
Por eso, atribuir el crecimiento de algunas provincias exclusivamente a la eficiencia de sus gobiernos y la falta de crecimiento de otras a errores locales sería una simplificación equivocada. Los números muestran que la variable decisiva es el sesgo sectorial y territorial del modelo nacional. Y en esa lógica, Entre Ríos corre con clara desventaja.
Esto no significa que el Gobierno provincial carezca de responsabilidad. Las políticas locales pueden amortiguar o agravar el impacto mediante la administración tributaria, la calidad del gasto, la infraestructura, la promoción de inversiones, la capacitación laboral, la innovación y la defensa de los intereses provinciales ante la Nación.
Pero sería técnicamente incorrecto atribuir la caída de 0,6% exclusivamente a la gestión del gobernador, del mismo modo que sería incorrecto adjudicar el crecimiento de 31,7% de Neuquén únicamente a la eficiencia de su administración. La comparación muestra que la especialización productiva y el contexto nacional fueron factores decisivos.
La responsabilidad provincial consiste, entonces, en reconocer cuanto antes que el escenario cambió y actuar con una estrategia propia. Esperar que el crecimiento de Vaca Muerta derrame automáticamente sobre Entre Ríos no es una política de desarrollo. La provincia necesita construir herramientas para defender su entramado productivo, atraer inversiones compatibles con su matriz y aumentar el valor agregado de sus cadenas.
Si el rumbo no cambia, Entre Ríos puede quedar más rezagada
Si la matriz de política económica se mantiene sin modificaciones -apreciación cambiaria, apertura comercial sin resguardos equivalentes a los utilizados por otros países y concentración de los incentivos en grandes proyectos intensivos en capital-, la brecha entre las provincias ganadoras y el resto tiene más probabilidades de profundizarse que de cerrarse. Para Entre Ríos, los riesgos son concretos:
- Mayor pérdida de competitividad de las economías regionales. La citricultura, la avicultura, el arroz, los lácteos, la madera y la industria alimenticia enfrentarían costos internos crecientes, márgenes exportadores más reducidos y mayor competencia importada.
- Continuidad del cierre de empresas y de la caída del empleo formal. El patrón nacional de menor cantidad de empleadores y empleo privado puede profundizarse si el crédito sigue siendo caro, la demanda interna no se consolida y los incentivos permanecen concentrados en pocos sectores.
- Menor margen fiscal provincial. La reducción de transferencias y de obra pública nacional obliga a la Provincia a destinar una proporción mayor de sus recursos a sostener servicios básicos, dejando menos espacio para infraestructura y promoción productiva.
- Profundización de la brecha territorial. La Argentina corre el riesgo de consolidar dos realidades: una minoría de provincias con recursos naturales estratégicos capturando la mayor parte del crecimiento y una mayoría de economías regionales con menor inversión, menos empleo formal y salarios más rezagados.
- Pérdida de valor agregado. Si las cadenas entrerrianas no pueden invertir, innovar y exportar, la provincia corre el riesgo de especializarse en etapas primarias de menor productividad, dejando procesamiento, tecnología y comercialización en otros territorios.
- Mayor migración de jóvenes y capital humano. Una economía estancada ofrece menos oportunidades profesionales y empresariales, acelerando la salida de trabajadores calificados hacia las jurisdicciones más dinámicas.
Ninguno de estos escenarios es inevitable. Dependen de decisiones que pueden modificarse, de la evolución del tipo de cambio, de la recuperación del mercado interno y de la capacidad de los sectores dinámicos para generar encadenamientos productivos. Pero la fotografía actual sugiere que, sin una corrección federal y productiva, la distancia de más de 32 puntos porcentuales entre Neuquén y Entre Ríos tiene más probabilidades de ampliarse que de reducirse.
La discusión de fondo
La verdadera discusión no consiste en negar el crecimiento registrado en 2025, sino en preguntarnos quiénes crecieron, qué actividades resultaron beneficiadas, cuántos empleos se generaron y qué provincias quedaron afuera. Una economía que aumenta su producto mientras concentra las oportunidades en pocos sectores y territorios puede exhibir buenos indicadores macroeconómicos, pero difícilmente pueda considerarse un verdadero proceso de desarrollo federal.
Entre Ríos no carece de recursos, conocimiento ni capacidad productiva. Cuenta con cadenas agroindustriales consolidadas, pequeñas y medianas empresas, trabajadores capacitados, universidades y una ubicación estratégica dentro del Mercosur. Lo que necesita es un entorno macroeconómico que no la obligue a competir en condiciones desfavorables y una política provincial capaz de anticiparse, defender su producción, agregar valor y abrir nuevas oportunidades.
Por eso, la provincia no puede limitarse a esperar que el crecimiento de Vaca Muerta o de la minería termine derramando sobre su economía. Debe colocar en la agenda nacional y provincial una discusión concreta sobre competitividad, infraestructura, crédito productivo, logística, protección de las economías regionales, innovación y federalismo fiscal. Si el modelo nacional no contempla adecuadamente esas necesidades, Entre Ríos deberá construir una estrategia política, institucional y productiva propia para defenderlas.
Esta agenda exige un Estado provincial financieramente responsable, socialmente presente y administrativamente eficiente. La solvencia fiscal es indispensable para sostener políticas de largo plazo, pero no puede convertirse en una excusa para la inacción productiva. Ordenar las cuentas y promover el crecimiento no son objetivos contradictorios: una provincia que no crece termina deteriorando también sus ingresos públicos, el empleo, los salarios y su capacidad para prestar servicios esenciales.
Los números no dicen que Entre Ríos esté condenada. Advierten algo mucho más urgente: si el modelo económico nacional continúa favoreciendo principalmente a la energía, la minería y las finanzas, y si la Provincia no construye una respuesta productiva propia, el estancamiento puede transformarse en una tendencia estructural.
Los datos ya no permiten mirar para otro lado: Entre Ríos viene perdiendo terreno desde hace años y este modelo profundiza una caída que golpea de lleno a su matriz productiva. La provincia debe reaccionar ahora, antes de que el estancamiento deje de ser una coyuntura y se convierta en destino.