En el marco del paro nacional docente convocado por CTERA para este lunes 3 de agosto, el Gobierno nacional anunció que desplegará inspectores en escuelas de todo el país para controlar el desarrollo de la medida de fuerza y verificar el cumplimiento de la norma que declara a la educación como servicio esencial
A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Capital Humano, a cargo de la Ministra Sandra Pettovello, adelantó que la supervisión estará a cargo de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en el marco de las atribuciones que le otorga la Ley N.º 27.802. El objetivo será verificar que las organizaciones sindicales garanticen el 75% de la prestación habitual del servicio educativo, porcentaje establecido en el artículo 101 de esa norma, que declara a la educación como servicio esencial.
En el texto, la cartera nacional sostuvo que, en caso de comprobarse incumplimientos, «se activarán los protocolos para aplicar las sanciones que correspondan», aunque el comunicado no detalla cuáles serían esas penalidades ni el procedimiento previsto para su implementación.
La decisión llega en la antesala de una nueva jornada de protesta convocada por CTERA, a la que adhieren sindicatos docentes de todo el país, entre ellos, AGMER. La medida de fuerza reclama la convocatoria a la paritaria nacional docente, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), una recomposición salarial y el envío de mayores recursos para el sistema educativo.
En el comunicado, el Gobierno remarcó que la administración de las escuelas es responsabilidad de las provincias, pero sostuvo que el Estado nacional es el garante del derecho a la educación. En ese marco, exhortó a «todos los agentes del sistema educativo» a cumplir con la normativa vigente y priorizar el derecho de niños y jóvenes a asistir a clases.
Así, mientras el Ejecutivo sostiene que busca garantizar el servicio educativo y brindar previsibilidad a las familias, los sindicatos denuncian un avance sobre el derecho constitucional de huelga a partir de la declaración de la educación como servicio esencial y de las medidas de control anunciadas para la jornada de protesta.