El Gobierno argentino intimó este lunes al Reino Unido a frenar en un plazo de dos semanas las actividades vinculadas con la explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina y anunció el inicio de un procedimiento de arbitraje internacional por el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte.
La decisión fue comunicada por la Oficina del Presidente, que informó que Javier Milei instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos del Gobierno a iniciar el procedimiento previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).
El planteo apunta principalmente al proyecto Sea Lion, impulsado por las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, para la explotación de hidrocarburos al norte de las Islas Malvinas. El Gobierno argentino sostiene que esas actividades se desarrollan sin autorización de la Argentina.
Según el comunicado, el Reino Unido tendrá dos semanas para adoptar las medidas necesarias para impedir el inicio o la continuidad de las actividades de explotación. Si Londres no cumple con la intimación, la Argentina anticipó que solicitará al Tribunal Internacional del Derecho del Mar la adopción de medidas provisionales para preservar los derechos que reclama sobre la Plataforma Continental.
El anuncio se conoce pocos días después de la intervención de Milei ante la Asamblea General de Naciones Unidas. El 23 de septiembre, el Presidente había cuestionado el avance de Sea Lion y señalado que la Argentina recurriría a las herramientas jurídicas disponibles frente a la explotación de recursos en el área en disputa.
Además, el proyecto ya había sido alcanzado por una medida cautelar dictada el 16 de septiembre por el Juzgado Federal de Río Grande. La jueza Mariel Borruto ordenó a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited abstenerse de iniciar, continuar o ejecutar Sea Lion, previsto a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas.
El Gobierno también cuestionó la posición británica sobre las islas y sostuvo que las decisiones unilaterales vinculadas con la explotación de recursos naturales no modifican la existencia de la disputa de soberanía.