Axel Kicillof salió al cruce de la decisión de la Corte Suprema de Justicia que revocó el fallo de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70, con el que el gobierno de Javier Milei derogó la Ley de Tierras Rurales. “El fallo de la infamia”, definió el gobernador bonaerense a través de sus cuentas en redes sociales, desde donde sostuvo que el máximo tribunal tomó “una decisión gravísima que afecta la soberanía nacional y la voluntad popular”. La resolución dejó nuevamente vigente la derogación de la norma que establecía límites a la propiedad rural en manos de extranjeros.
El planteo de Kicillof parte de una lectura política del recorrido que tuvo la discusión durante los últimos meses. El gobernador recordó que hace menos de dos meses miles de personas se movilizaron contra el proyecto del gobierno nacional que buscaba modificar el régimen de tierras y que, ante la falta de votos suficientes en el Senado, el oficialismo terminó retirando ese capítulo del proyecto. “Lo que no pudieron conseguir con el Congreso y con el pueblo, ahora pretenden conseguirlo a través del Poder Judicial”, escribió. Para Kicillof, esa secuencia expresa un intento de avanzar sobre una cuestión que no pudo resolverse en el ámbito legislativo.
La discusión tiene como punto de partida el artículo 154 del DNU 70, el fundacional para la era libertaria que llegó a la Argentina a finales de 2023. La Ley 26.737, sancionada en 2011, establecía que las tierras rurales en manos de extranjeros no podían superar el 15 por ciento de la superficie total del territorio nacional, provincial o departamental y fijaba límites adicionales para evitar una concentración excesiva. La derogación dispuesta por el gobierno de La Libertad Avanza fue cuestionada judicialmente por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM), y en 2024 la Cámara Federal de La Plata declaró inconstitucional el artículo del DNU. La Corte revocó esa sentencia al considerar que el CECIM no tenía legitimación suficiente para promover la acción y que no existía un caso o controversia judicial concreta.
Ahí aparece uno de los puntos en debate, porque la Corte no declaró constitucional la derogación de la Ley de Tierras ni analizó el fondo de la discusión sobre la extranjerización. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti concentraron su decisión en la legitimación de la asociación que había iniciado la demanda. El propio tribunal sostuvo que, ante “la clara ausencia de un derecho de incidencia colectiva sobre un bien colectivo, no es posible tener por configurado un caso o controversia”. De ese modo, la sentencia dejó sin efecto el fallo de la cámara y volvió a darle vigencia al artículo del DNU que había derogado la ley.
Para Kicillof, sin embargo, las consecuencias políticas de la decisión exceden el aspecto procesal del expediente. “Se proponen legalizar la entrega y el saqueo”, sostuvo
En el fondo de su planteo, el gobernador también apunta al gobierno de Milei y a la discusión sobre la sobrenía. “Termina de caerse la careta del supuesto Milei malvinero”, afirmó en su posteo en X. En su interpretación, existe una contradicción entre el discurso presidencial sobre la soberanía de las Islas Malvinas y una política que, según cuestionó, facilita el acceso de capitales extranjeros a recursos estratégicos del territorio continental. “Detrás de los discursos fingidos, el propósito es muy concreto: entregar recursos estratégicos y subordinar los intereses nacionales a intereses extranjeros”, afirmó.
Kicillof también vinculó el fallo con el debate que se produjo alrededor de la propiedad de la tierra durante el tratamiento legislativo de la llamada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. En aquella discusión, el gobierno nacional había intentado avanzar con cambios que incluían la eliminación de las restricciones a la adquisición de tierras rurales por extranjeros, pero finalmente retiró ese capítulo del proyecto ante la falta de respaldo parlamentario. Con la decisión de la Corte, esas restricciones quedan nuevamente fuera de vigencia por efecto de la derogación establecida en el DNU de 2023.
Con todo, la reacción del gobernador se inscribe así en una disputa más amplia sobre el concepto de soberanía que el bonaerense viene colocando en el centro de sus críticas al Presidente. En este caso, el conflicto vuelve a tener a la tierra como uno de sus puntos sensibles: qué límites puede establecer el Estado sobre la propiedad rural extranjera, quién puede invocar la defensa de un interés colectivo ante la Justicia y hasta dónde puede avanzar un DNU sobre una regulación sancionada por el Congreso. La Corte resolvió la causa desde el primero de esos problemas procesales; Kicillof eligió discutirla desde el segundo plano, el político y territorial. “¡Argentina para los argentinos!”, escribió para cerrar su publicación.