Los cuestionamientos cruzados comenzaron cuando la concejal Carolina Amiano, presidenta del bloque del PJ, volvió a cuestionar al Ejecutivo por destinar mas de $ 260 millones mensuales a una empresa privada para la recolección de residuos de un sector de la ciudad, Para corregir esa situación, dijo que se realizó una licitación publica pero fue confeccionada “a medida”. “A las claras está porque nuevamente a la empresa que se le adjudica es nuevamente VITSA”, sostuvo.
Amiano dijo que querían conocer los dictámenes técnicos respecto de la adjudicación a la empresa mencionada para saber los puntajes que se colocaron a las ofertas de las restantes firmas que participaron. La presidenta del bloque dijo que querían que la comisión los reciba y les explique como llegaron a esa puntuación y como se llegó a esos puntajes. Asimismo, la concejal remarcó que otras empresas pidieron la documentación de la licitación y les ponen trabas desde el Ejecutivo. Incluso, una de ellas impugnó la licitación pero aún no obtuvo respuesta “A esta gestión la transparencia se le está cayendo como un castillo de arena”, sostuvo.
Incluso, mencionó que en el pliego de la licitación publica nombran al pasar la necesidad de erradicar los microbasurales en la ciudad. Pero, en el decreto de otorgamiento a VITSA, se remarcó que la empresa asumió un compromiso de la limpieza de los microbasurales que implica un ahorro importante lo que debe ser valorado. Amiano se preguntó si a las otras empresas se les dio la oportunidad de argumentar sobre ese punto. La duda subyacente es si las reglas fueron claras para todos los participantes.
Tras un pedido del concejal Felipe Sastre (JxER) de puntualizar cual era el pedido concreto, Amiano remarcó que querían los dictámenes y una reunión con los integrantes de la comisión evaluadora. Posteriormente intervino Mendieta quien dijo que no necesita “clases de procedimientos” sino “claridad en las actuaciones del Ejecutivo”. “Es un tema que no está claro, no es transparente”, indicó. El concejal remarcó que nunca hubo un dictamen firmada por un profesional que argumentase en favor de la declaración de emergencia ambiental de la que echó mano el Ejecutivo en marzo pasado para la contratación directa de VITSA que terminó con una denuncia penal.
Sin embargo, Silvina Ovelar (JxER) comenzó con una chicana que comenzó a elevar la temperatura del debate. “Están hablando de dar clases. Me gustaría que el concejal Mendieta me enseñe como comprar gas para el municipio cuando no había autos de gas”, sostuvo. La investigación aún se encuentra en etapa de instrucción y no existe, hasta el momento, una condena ni una fecha fijada para un eventual juicio oral.
El edil del PJ dijo que el oficialismo no puede sostener la discusión y por ello contraatacan con causas judiciales. “La causa GNC son todas mentiras, todos inventos”, remarcó. Mendieta aclaró que está imputado como “partícipe necesario” por “haber firmado como secretario”. Sastre, quien tenia copia escrita de la causa en su banca, comenzó a leer partes de la misma mencionando funcionarios imputados , estaciones de servicios en las que se adquiría el combustible y subrayando que el fiscal sostiene que las compras se realizaban a pesar de que “no existían vehículos que utilizaran ese combustible”. La lectura se realizó a los gritos, con epítetos dirigidos a la oposición -“rey de la transparencia”, “manga de irrespetuosos”– ante la pasividad de la viceintendenta Magdalena Reta, quien solo se preocupó por indicarle a la concejal Claudia Villalba que no se puede interrumpir a los concejales cuando están hablando.
Vilallba apuntó contra el funcionamiento de la Justicia local. En la causa GNC “a los cinco días se habían hecho los allanamientos y habían tomado (incautado) los equipos técnicos, las computadoras y los celulares”. En cambio, la denuncia de VITSA, presentada el 12 de junio pasado, pero no se tomó ninguna medida. “¿No es extraña la doble vara de la Justicia?”, se preguntó. Finalmente, sostuvo que Sastre “tira la pelota afuera” y no puede hablar de VITSA “porque es todo muy oscuro”.
Ya es la tercera sesión en que se hace alusión a la causa GNC. Tras el fallecimiento del concejal Guillermo Satalía Méndez, desde el oficialismo dejaron trascender su malestar por la asunción de Mendieta por su imputación en un causa que se inicia en el año 2014, antes de que asumiera el ex intendente Enrique Cresto, al año siguiente, hasta febrero de 2024. Luego de dos años de investigación, se realizaron las imputaciones. En la causa están imputados todos los directores de talleres desde 2014 hasta 2023 y los funcionarios a cargo de la Dirección de Compras y Suministros de la Municipalidad.
La causa se encuentra en la etapa de la investigación penal preparatoria. “Tenemos una defensa que demuestra que, al momento de hacerse las compras, sí existían vehículos a GNC en la municipalidad y que todo el procedimiento fue realizado como tenía que realizarse, siguiendo las ordenanzas administrativas”, remarcó a DIARIOJUNIO el 10 de agosto pasado, la abogada defensora de Mendieta y de Mireya Lopez Bernis, ambos ex secretarios de Obras Públicas.
Petit aclaró ese día que “legalmente no hay ningún impedimento para que el asuma la banca”. “Es una persona en condiciones éticas, sobre todo reconociendo la trayectoria política que tiene, para asumir el cargo de concejal”, subrayó. “La incompatibilidad se da cuando existe sentencie firme y las sentencias firmes se dan después de un largo periodo de diferentes procesos que se van dando como apelaciones, recursos y la da recién el Superior Tribunal de Justicia”, mencionó.
Hace dos años, en agosto de 2014, se sanciono por unanimidad la ordenanza de “Ficha Limpia” que estableció que quedan inhabilitados para ejercer los cargos municipales de: Secretarios; Subsecretarios; Directores; Jefes de Departamentos; Jefes de Área; Secretarios del Concejo Deliberante; Subsecretarios del Concejo Deliberante las personas condenadas en primera o segunda instancia por delitos dolosos graves, relacionados con hechos de corrupción o contra la integridad sexual de las personas; delitos contra la seguridad de la Nación; delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional; cohecho y tráfico de influencias; malversación de caudales públicos; negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; exacciones ilegales; enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos; encubrimiento, entre otros delitos.
En la causa GNC no hay una condena en primera instancia. Eso no quita que desde el oficialismo se cargue contra Mendieta. En el recinto la imputación parece funcionar como argumento suficiente para poner en duda su legitimidad para ocupar una banca. Es, en ese sentido, una especie de “Ficha Limpia a la inversa”: no hace falta una condena para cargar políticamente contra un dirigente, alcanza con una causa abierta. Una lógica en la que la persona queda bajo sospecha y debe demostrar su inocencia antes de que la Justicia determine si existe o no responsabilidad penal.
Mendieta asumirá la banca de Satalía Méndez: cruces con el oficialismo y una causa judicial en curso