Del pluralismo a la mesa chica: la oposición quedó afuera de la presentación del Presupuesto 2027

Aunque una fotografía por sí sola no alcanza para determinar las razones de esa diferencia ni permite establecer por sí sola cómo se desarrollan las relaciones políticas entre los distintos bloques, la composición de ambas escenas constituye un dato político que merece atención.

La comparación invita a preguntarse qué lugar ocupa hoy el diálogo institucional y si la presentación de una herramienta central para la administración de la ciudad, como es el presupuesto municipal, sigue siendo concebida como una instancia de encuentro entre las distintas representaciones políticas o como una actividad circunscripta al oficialismo.

La ausencia en una foto puede ser interpretada como una cuestión menor, casi secundaria, pero no es el único hecho que se debe interpretar. Hoy sábado, la oposición aún no accedió a una copia del proyecto que permanece en las oficinas de la presidencia del Concejo Deliberante y, quizás, en las de los ediles de Juntos por Entre Ríos.

A ello hay que añadir que desde el principal bloque opositor se viene cuestionando la falta de transparencia respecto de los pedidos de informes que no fueron respondidos.  El jueves pasado, se suscitó una discusión en el Concejo entre los ediles del oficialismo y el PJ dado la acumulación de pedidos de informes sin responder. “Tenemos casi 20 pedidos que no fueron respondidos que necesitan respuestas con urgencia pero no los responden”, dijo ese día la concejal Claudia Villalba (PJ).

Denuncia en Chajarí

En la sesión del jueves, el concejal Jorge Mendieta (PJ) dijo que “sería una catástrofe que los ediles deban recurrir a la Justicia para que cumpla con sus obligaciones”. Y mencionó el caso de Chajarí. El lunes pasado, los ediles Roque Mary Dalprá y Mirian Etchevarne del PJ presentaron  una denuncia penal al intendente de esa ciudad, Marcelo Borghesan, por presunta “comisión del Delito de Abuso de Autoridad y Violación de los Deberes de Funcionario Público”. La presentación se base en el presunto incumplimiento de la Ley Nacional N°25.916 “Gestión de Residuos Domiciliarios”.

Básicamente hacen hincapié no solamente en el tratamiento operativo del residuo, sino también de la gestión en los recursos humanos disponibles para dicha operatividad, particularmente en la falta de seguridad humana de quienes trabajan allí. En el escrito ante la Fiscalía local tanto Dalprá como Etchevarne exponen que “desde hace un tiempo a esta parte, hemos constatado visualmente que no se estaría realizando la correcta separación de residuos, lo que tendría como consecuencia el entierro de residuos sin tratar, en forma permanente desde hace varios meses, además de la falta de protección de los operarios que realizan su trabajo sin las adecuadas medidas de seguridad”, según Tal Cual Chajarí.

Justamente, el pasado 24 de septiembre, Mendieta llevó al recinto un pedido de informes por una cuestión similar en el Campo del Abasto. Cuestionó el funcionamiento del predio, denunció falencias en el sistema de reciclado, las condiciones de trabajo y la disposición final de los residuos. “La gente está trabajando a la intemperie, revolviendo bolsas de basura en una montaña como era antes: sin guantes, sin ropa, sin calzado, sin seguridad”, destacó ese día el edil, entre otras cuestiones.

Acusaciones en lugar de respuestas

En la sesión, Mendieta también mencionó el caso de la empresa proveedora de comestibles “Ahora Voy”, involucrada en una causa judicial por  inconsistencias y diferencias en facturación y remitos detectadas por las auditorías de más de $ 100 millones. A raíz de ese caso, la empresa fue apartada del registro de proveedores de la municipalidad. La Justicia investiga a la excoordinadora departamental de comedores escolares, Silvina Murúa, quien habría presionado o dirigido a los responsables de las tarjetas de compra de 37 escuelas para adquirir alimentos exclusivamente en estos proveedores, registrando millonarias diferencias entre lo facturado y la mercadería efectivamente entregada.

Pero cuando Mendieta hizo alusión a la necesidad de que se les conteste el caso de la declaración de la emergencia ambiental y la contratación de la empresa VITSA, ya no pudo seguir. El bloque del oficialismo exigía que la presentación del bloque pasara al Concejo en Comisión para seguir adelante con la sesión. “Quisiera que nos ajustemos al reglamento y, cuando un expediente pasa a comisión, pasa a comisión. No se le explica.  Si no, se trata sobre tablas. Porque si venimos acá a hacer circo, vamos a hacer circo. Hagamos circo todos”, indicó la presidenta del oficialismo, Celeste Fuscado.

A la tarde ese día, Villalba explicó que lo que siempre sucede es que el oficialismo les pide en el recinto que presenten las cosas como corresponde. “Cuando las solicitamos, realmente no llegan las respuestas”, acotó.

La planta de empleados

La concejal recordó que a principios de este año presentaron un pedido de informes sobre la cantidad de empleados de planta permanente, contratados con y sin aportes, mensualizados, monotributistas y funcionarios políticos, tanto al inicio de la gestión como en la actualidad, además del detalle de todas las altas y bajas producidas desde diciembre de 2023. “Se lo llevamos en mano al mismísimo Ferreyra”, dijo Villalba quien exteriorizó sus dudas respecto de la cantidad de monotributistas contratados en esta gestión. “No sabemos quienes son ni donde están”.

Posteriormente, el 7 de julio pasado, antes del partido Argentina-Egipto por el mundial 2026, en una reunión a puertas cerradas, le recordaron que seguían esperando la respuesta desde enero. “Ya me ocupo”, dijo el responsable de Hacienda. Ya pasaron casi cuatro meses más. “Si no tenes nada que ocultar, lo mejor que puede pasar cuando te piden respuestas es entregarlas y explicarlas, que se borre ese manto de sospecha. Toda la gente piensa que hay algo oscuro y si ellos no responden ¿que nos queda decir?”, se preguntó la edil del PJ.

Villalba sostuvo que en la gestión anterior, el Secretario de Hacienda, Álvaro Sierra, acudía al Concejo, daba explicaciones y dejaba una copia firmada a cada concejal. “No venía a contarnos un cuento y decir alguna chicana. Estamos acostumbrados a eso, lo que vemos ahora es un desparpajo”, acotó.

Dos imágenes separadas por dos años, pero con una diferencia significativa en su puesta en escena: de una representación institucional amplia a una fotografía exclusivamente oficialista. Cabe agregar que la oposición tampoco es la misma que en 2024. En estos dos años modificó su posicionamiento, dejó atrás una actitud de mayor acompañamiento institucional y pasó a asumir un rol más exigente en el control de la gestión. Una postal que, al menos desde lo simbólico, deja planteado un interrogante sobre la pluralidad en Concordia.