“Venimos hace más de un mes planteando nuestra preocupación respecto a este tema”, expuso la dirigente de UPCN. “Lo que sabemos es que lo está abordando el Copnaf”, apuntó y, en ese sentido, sostuvo que “no hay que siquiera esbozar la idea de que, con la misma planta de ese organismo, se va a poder atender este tema”.
Además manifestó que “los promotores de derechos hoy están muy exigidos. Necesitan imperiosamente que se mire su función en el contexto del Copnaf”. Si bien remarcó que “lo salarial es crucial”, señaló que la discusión también involucra los derechos laborales.
Domínguez entendió que para atender las disposiciones de la Ley 27.801 “debería haber un personal específico con un perfil nuevo, una preparación bien pensada, que se encargue de la perspectiva de derechos pero también de la seguridad”.
Sin embargo, aclaró que esta cuestión “no está definida ni discutida, tampoco tenemos precisiones. Y es un tema que necesitamos hablarlo”.
En ese marco, explicó que el Sindicato busca “generar instancias de conocimiento acerca de las medidas que podría llegar a tomar la provincia”. Asimismo, consideró que las entidades sindicales deberían “participar institucionalmente de este tipo de cuestiones que implican un impacto laboral directo”.
Al respecto, no descartó que en los próximos días pueda concretarse una reunión para conocer los avances y cómo se proyecta implementar la ley nacional en Entre Ríos.
Herramientas y obras para aplicar la nueva normativa
La dirigente sindical hizo referencia a una reunión que autoridades del Copnaf y del Servicio Penitenciario mantuvieron con una ONG chilena a fin de interiorizarse acerca de metodologías de trabajo y herramientas para aplicar en la provincia los cambios que propone la normativa nacional.
Domínguez mencionó que en el Presupuesto 2027 existen “dos obras de ampliación relacionadas con este tema, que no sabemos exactamente cuál es la consigna, porque no puede ser simplemente agregar una habitación”, cuestionó.
Sobre este punto, consideró que “en el caso de que se hiciera una obra, eso no solucionaría la atención de esta situación”. Y reiteró: “A UPCN lo que más le preocupa es quién se va a hacer cargo de atender a quienes eventualmente determine la justicia”.
“Estamos preocupados, es un tema delicado que debe ser bien organizado, no puede ser improvisado. Hasta ahora, por lo que sabemos, no ha habido casos. Pero no se puede esperar a que sucedan para que el Gobierno recién entonces vea qué hacer”, finalizó Domínguez.