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Opinión

8 noviembre, 2026

Entre el centralismo de «el porteñito» y el federalismo entrerriano

La historia de Entre Ríos está atravesada por la defensa del federalismo y la autonomía provincial, desde Artigas, Ramírez y López Jordán hasta nuestros días. Sin embargo, las decisiones del gobierno de Rogelio Frigerio parecen inscribirse en una tradición opuesta: la subordinación a Buenos Aires, el desplazamiento de proveedores locales y el debilitamiento de instituciones y recursos propios. El apodo de “porteñito” sintetiza una disputa política e histórica que vuelve a poner en discusión qué significa ser una provincia federal.

Por Veronica Lopez

10:28 am h
frigerio obelisco
Imagen generada con inteligencia artificial. Recreación basada en Sin pan y sin trabajo, de Ernesto de la Cárcova

La obra social OSER, de Entre Ríos, es la obra social que incluye a los agentes que prestan servicios en el Estado provincial y municipal: policía, salud, justicia, educación, administración pública, entre otros. El proceso de cambio de IOSPER a OSER se realizó por el (supuesto) beneficio de sanear la obra social que, aunque no tenía graves problemas de funcionamiento, siempre fue blanco de críticas desde sectores de la oposición. Una de las mayores críticas era la gestión de representantes gremiales, conjuntamente con los del gobierno. Sin embargo, en los últimos días, la FEMER anunció el corte del servicio de internación para los afiliados de OSER, lo que generó angustia y preocupación en los agentes estatales y produce mayor presión sobre el sistema público de salud, ampliamente exigido por causas ya conocidas. Uno de los objetivos de OSER es “fomentar la libre competencia”. Llamativamente, el resultado ha sido que muchos proveedores locales fueron desplazados por empresas de Buenos Aires, a precios superiores o con sospechosos sobreprecios.

Algo similar ha ocurrido con los comedores escolares, cambiando el sistema de compras que históricamente las escuelas realizaban a proveedores locales, eligiendo (según la población estudiantil) el plan alimentario adecuado para cada comunidad, por una empresa denominada Teknofood S.A. (de Buenos Aires), a quien se le concedió la totalidad del mercado alimenticio escolar por la exorbitante suma de $101.726.784.000. Actualmente, el tema se encuentra en proceso judicial debido a la intervención de padres y del gremio AGMER.

Estos son solo dos ejemplos del posicionamiento político de la gobernación de Entre Ríos. Frigerio, apodado por muchos “el porteñito”, pone en el centro del debate, una vez más, el histórico dilema centralismo-federalismo. En un claro alineamiento con el poder central, siendo una de las provincias que ofreció apoyo automático a cualquier política pública que se geste en el gobierno nacional, no solo ha favorecido a empresas porteñas en desmedro de las locales, sino que no ha logrado beneficios sustanciales para la provincia que justifiquen tal posicionamiento. Uno de los pocos acuerdos logrados para la provincia es el traspaso de las abandonadas construcciones edilicias del fenecido Plan PRO.CRE.AR. Nación entregó los bienes en proceso de construcción, como quien se desprende de cosas cuando limpia el placard, pero ni siquiera en donación, sino en el marco del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR). Frigerio toma estos bienes como reconocimiento de deudas que la Nación tenía con la provincia.

Entre Ríos es considerada cuna del federalismo. Desde Artigas hasta Ramírez y López Jordán son solo algunos de los baluartes de la defensa de la autonomía provincial y los derechos a la autodeterminación territorial.

El dilema federalismo-centralismo no es un anacronismo. Históricamente, Entre Ríos se debatió entre ser servil a los intereses de Buenos Aires o posicionarse en la defensa de los intereses de la entrerrianía.

Artigas lo expresó en sus acciones políticas entre 1811 y 1820. Allí sienta las bases de las políticas sociales y económicas que se defenderán hasta el día de hoy desde la concepción federal. La que más defendió Artigas, y por lo que fue segregado ostensiblemente de la Asamblea Constituyente del Año XIII, era la autonomía de las provincias. Autonomía que hoy parece totalmente subsumida a los deseos del gobierno nacional.

Ramírez inició su compromiso y participación política como general de Artigas. Sin embargo, debido a diferencias de gestión, no de posicionamiento ideológico, en tiempos donde las diatribas se resolvían en el campo de batalla, se enfrentó a Artigas y en 1820 declaró la República de Entre Ríos, integrando a Corrientes y parte de Misiones. En el breve período que duró este proyecto, dictó el Reglamento Provisional de la República de Entre Ríos, que organizó en tres partes: Reglamento de Orden Político, Reglamento de Orden Económico y Fiscal, y Reglamento de Orden Militar. Una de las primeras acciones de puesta en práctica del reglamento fue realizar un censo, el primero que se realizó en todas las Provincias Unidas del Río de la Plata.

Otra política de vanguardia fue establecer la obligatoriedad de la enseñanza primaria, sosteniendo que «Cada Comandante de sus respectivos Departamentos será encargado de establecer una escuela pública y de obligar a los padres de familia a mandar sus hijos de menor edad, para la útil enseñanza, al menos de leer, escribir y contar». (La historia oficial poco reconoce en Ramírez este interés por la educación, sesenta (60) años antes que la sarmientina Ley 1420). En función de ello, dictó decretos de fundación de escuelas que, en el breve período de su gobierno, llegaron a veinte: 12 en Corrientes y 8 en Entre Ríos, dos de las cuales las mandó a hacer de material, en Gualeguaychú y Nogoyá. También emitió documentos referidos a la docencia, donde el Estado asumía la responsabilidad del financiamiento.

El Reglamento de Orden Económico y Fiscal establecía que el financiamiento de la educación surgiría de fondos genuinos provinciales, para lo que dispuso el cobro de impuestos en los puertos sobre los ríos Paraná y Uruguay. También estableció que el diezmo (recaudado por la Iglesia) debía pasar a ser parte de las arcas estatales, y dispuso el cobro de impuestos a la exportación agropecuaria (exportación de cueros, tasajo, sebo y yerba mate). Fue quien dictaminó el pago al papel sellado a todo trámite que se hiciera en cualquier dependencia del Estado. Todo lo recaudado estaría destinado a financiar los gastos del Estado, incluida la milicia.

Para lograr este objetivo de orden fiscal, su principal objetivo era la mayor rigurosidad en evitar el contrabando, para lo que habilitó puertos únicos en Paraná, Corrientes y Concepción del Uruguay para la importación y exportación, quedando prohibido todo embarque en otros puertos naturales.

Las medidas de autonomía tomadas por Ramírez preocuparon al gobierno porteño, que rápidamente emprendió la tarea de ir tras el general. Para ello, apelaron a las diferencias de aquel con Estanislao López, el general federal de Santa Fe, con quien firmaron el Tratado de Benegas. Ramírez recurre a López, preocupado y desengañado por la actitud de quienes otrora fueran sus aliados, y decide enfrentar a Buenos Aires. Son las tropas del mismo Estanislao López quienes alcanzan y asesinan, en Chañar Viejo, Córdoba, en 1821, a Francisco Ramírez.

Hacia 1870, Ricardo López Jordán se rebela contra Urquiza luego de interpretar que este iba dejando de lado el ideario federal. Envía a asesinarlo en el mismo Palacio San José. La rebelión jordanista surge ante la disconformidad con las decisiones de Urquiza, cada vez más vinculado y sometido al gobierno centralista y, especialmente, a la actitud tomada frente a la Guerra del Paraguay.

El federalismo entrerriano ha dado no solo muestras de la búsqueda de autonomía provincial en el campo militar, como pretende contarse desde la historia oficial, sino que su resistencia siempre fue en el marco de la defensa de políticas públicas que fueron de vanguardia en relación con lo que en el siglo XX se dará en llamar Estado de Bienestar.

Que el gobernador Rogelio Frigerio sea apodado “el porteñito” no solo es una forma sarcástica de referirse a él, sino que acuña toda una tradición de ciertos gobiernos entrerrianos de subordinación a las políticas del gobierno central en detrimento de los intereses provinciales, y que va camino al desguace de los mayores pilares de la autonomía provincial: el abandono de la obra social de los agentes del Estado, la indolencia frente al financiamiento de la educación y la salud pública, la entrega de los recursos navegables (la mayor riqueza de nuestra provincia) a manos extranjeras, la tibieza en la defensa de los recursos de la Central Hidroeléctrica de Salto Grande y se completa con la última novedad… el proyecto al que (eufemísticamente) llama “reorganización societaria del Nuevo Banco de Entre Ríos”, que implica lisa y llanamente la entrega del banco provincial a la entidad financiera de la provincia de Santa Fe, incluyendo el traslado de la casa central hacia la ciudad vecina, fuera de la provincia.

Indudablemente, el porteñito está fervoroso por desgarrar el federalismo provincial, que tanto ha luchado por mantener la autonomía de la entrerrianía desde los orígenes mismos de la Nación Argentina.

Verónica López

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