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Concordia, Entre Ríos, Judiciales

17 noviembre, 2026

Murúa declaró en la causa Comedores y apuntó contra todos: «Me necesitaban incriminar para implementar Teknofood»

La excoordinadora de Comedores Escolares declaró en Tribunales y habló con DIARIOJUNIO par romper el silencio sobre la trama que la tiene imputada. Acusó al diputado Marcelo López de corrupción, cuestionó duramente a la senadora Cielo Espejo y al director de Comedores Provinciales Lautaro Azzalini, calificó al empresario Iñaki Partarrié, titular de la firma "Ahora Voy" de «mentiroso y corrupto» y señaló al secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, por haberle colocado a una persona de su íntima confianza en la oficina. Sostuvo que el Gobierno provincial necesitaba encontrar un responsable para justificar el reemplazo del sistema de tarjetas por el desembarco de Teknofood. También denunció una operación política y mediática coordinada desde la Gobernación.

Por Federico Odorisio

5:55 pm h
murúa n

Después de varios meses de silencio público, Silvina Murúa, la excoordinadora departamental de Comedores Escolares de Concordia se presentó en Tribunales para declarar en la causa que investiga el presunto desvío de fondos destinados a la alimentación de alumnos de establecimientos educativos. Y esta vez no se limitó a defenderse de las acusaciones fiscales ni a insistir en que no administraba las tarjetas SIDECREER. Fue bastante más lejos: puso nombres, describió relaciones políticas, señaló responsabilidades dentro del Gobierno de Rogelio Frigerio y reconstruyó lo que, según su versión, fue una operación para apartarla, dejarla expuesta como responsable de las irregularidades y avanzar con un nuevo negocio en los comedores escolares.

«Yo ya no quiero esperar más, ya no me puedo callar más, no aguanto más una piña. A mi ya me mataron», dijo al comienzo de la entrevista con DIARIOJUNIO, en referencia a la declaración judicial que finalmente decidió realizar después de esperar, según explicó, el resultado de las pericias sobre el teléfono celular del comerciante Iñaki Partarrié.

Su defensa tiene un argumento central: sostiene que descubrió y denunció un mecanismo de retornos de dinero que ya funcionaba cuando asumió, que informó sobre esas irregularidades a quienes conducían políticamente el área y que, cuando el problema comenzó a adquirir dimensión pública, armaron una «supuesta auditoría» y la apartaron para convertirla en el fusible de una estructura que comprometía a referentes políticos, funcionarios, proveedores y responsables de las tarjetas.

La declaración escrita de Murúa en la Justicia

La hipótesis fiscal sostiene exactamente lo contrario. En el legajo 7046/25, la Fiscalía atribuye a Murúa, sus hermanos Adrián y Vanesa, su cuñado Esteban Godoy y Julián Quiroga una participación en un esquema de direccionamiento de compras que habría involucrado a más de treinta establecimientos escolares y beneficiado a las firmas Ahora Voy SRL y Partarrié Distribuciones SAS. La investigación incluye presuntas maniobras de presión sobre los responsables de las tarjetas, diferencias entre mercadería facturada y entregada y movimientos de dinero que no habrían tenido justificación administrativa.

La causa avanzó con la formalización de las imputaciones en mayo de 2026. Murúa, sin embargo, sostiene que la investigación penal permanece prácticamente paralizada y que todavía falta una pericia que considera determinante: la del teléfono de Partarrié.

«Yo denuncié primero y López me hizo esperar»

Murúa ubica el comienzo de su historia en febrero de 2024, poco después de asumir la Coordinación de Comedores. Asegura que conocía de antemano algunas de las prácticas irregulares porque su madre, docente, había descubierto situaciones similares en una escuela y terminó cambiándose de establecimiento por las presiones que recibió.

«Cuando a mí me ofrecen este puesto, yo no lo quería porque sabía cómo se manejaban y sabía que era un ambiente muy complicado. Yo sola no iba a estar ahí adentro porque a mí me iban a destrozar», explicó.

En ese contexto, reconoció que una de las condiciones que puso para aceptar el cargo fue que sus hermanos pudieran incorporarse al área. «Yo quería un círculo de confianza porque sabía que ahí se robaba», afirmó, en una explicación que también alcanza a una de las cuestiones que Fiscalía considera parte del esquema investigado: la incorporación de familiares a la estructura de Comedores.

Según su relato, el primero en conocer las irregularidades fue el diputado provincial Marcelo «Mono» López, con quien mantenía una relación de confianza política y personal.

murúa mono lópez

La excoordinadora de Comedores Escolares junto al diputado provincial Marcelo «Mono» López

«Yo asumí en enero. En febrero yo ya le conté a López todo esto. Me hizo esperar, presentamos la denuncia», sostuvo. Dijo que el legislador le pedía tiempo y le respondía que iban a encontrar una solución. La primera presentación ante la Fiscalía de Concordia, a cargo entonces de Martín Núñez, la sitúa en marzo de 2024.

Murúa asegura que entregó un pendrive y documentación impresa. Entre los elementos que dice haber aportado había mensajes de responsables de tarjetas que solicitaban dinero en efectivo correspondiente a los excedentes de las partidas mensuales.

Como ejemplo, reconstruyó un pedido que habría quedado documentado: «Este mes sobró un millón y medio. ¿Me lo podés traer? Mañana viajo a Buenos Aires, necesito para la cuota del auto. ¿Me podés pasar lo que sobró y lo arreglamos con la partida del mes que viene?».

Según la exfuncionaria, esas comunicaciones mostraban que los responsables de las tarjetas y determinados proveedores manejaban un circuito de devoluciones en efectivo que no aparecía en las rendiciones formales.

«Todo eso presenté yo y fijate que eso no se movió más», afirmó.

En su manifiesto defensivo, Murúa también sostiene que la ministra de Desarrollo Humano de Entre Ríos, Verónica Berisso, estaba al tanto de lo que ocurría en los comedores. Como antecedente, recuerda que fue hasta el Centro de Convenciones y que permaneció una hora esperando para poder hablar con ella. La excoordinadora afirma allí le manifestó que Azzalini le había propuesto que con los «sobrantes» compre mercadería. La ex coordinadora le habría manifestado qué hacía con esa mercadería en caso de comprarla: «hacé lo que quieras, guardala, tirala, lo que te parezca» habrías sido la respuesta de la ministra según su relato.

También manifestó que se reunió en la oficina y posteriormente mantuvo una conversación telefónica con Pablo Omarini, quien estaba vinculado al área provincial de Desarrollo Humano y desde febrero de este año es vicepresidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), quién tampoco le habría dado respuestas a sus reclamos.

El intento de obtener ayuda, según relata en el mismo documento, llegó también al Gobierno nacional. Murúa afirma que, por pedido suyo, su hermana envió el 27 de mayo de 2025 una carta dirigida al presidente Javier Milei, en la que expuso las presuntas irregularidades y el desvío de fondos destinados a la alimentación de los chicos. Según el manifiesto, la primera respuesta llegó desde el Ministerio de Capital Humano, a través de Alejandro Migdalek, director de Asuntos Contenciosos de esa cartera, quien habría dado intervención al área. Murúa sostiene que esa gestión tampoco tuvo resultados: «Agoté cada esfuerzo y dejé el alma en el intento», declaró.

La denuncia que hoy la involucra, explicó, no surgió de la auditoría provincial que posteriormente se hizo pública. Por el contrario, sostiene que fue ella quien había iniciado los controles sobre 37 establecimientos mediante visitas de supervisores que enviaba diariamente para revisar los precios y las compras.

«La investigación de esas 37 escuelas la empecé yo», aseguró, y señaló que tanto el Director General de Comedores Escolares de la provincia, Lautaro Azzalini, como el diputado López y las funcionarias que trabajaban en la Dirección Provincial estaban al tanto de sus advertencias.

También describió las dificultades operativas que tenía para realizar esos controles. Dijo que los supervisores recibían órdenes de visitar varias escuelas en pocas horas, pero no les pagaban viáticos. La Coordinación disponía de una tarjeta de unos 150.000 pesos que debía rendir mensualmente y que se utilizaba para combustible, tinta, papel y otros gastos de funcionamiento. Según Murúa, en muchas oportunidades terminaba poniendo dinero de su bolsillo para que los empleados pudieran trasladarse.

La excoordinadora propuso además un mecanismo para controlar los sobreprecios: confeccionar mensualmente una planilla comparativa con los precios de los más de 30 proveedores habilitados y verificar cuáles eran los establecimientos que compraban a valores superiores a los de lista.

Pero su versión choca con la explicación que había dado públicamente el director provincial de Comedores, Lautaro Azzalini. En junio de 2025, el funcionario sostuvo que la auditoría se había dispuesto entre marzo y abril de ese año, por decisión provincial y sin que Murúa estuviera al tanto. Describió un patrón que se repetía en las escuelas: la Provincia acreditaba 100 pesos, se gastaban 80 y se rendían 100.

Consultado específicamente sobre las advertencias que Murúa decía haber realizado, Azzalini respondió: «No. No hubo advertencias puntuales». También explicó que la función de un coordinador departamental no era investigar, sino recorrer los establecimientos y verificar que los chicos comieran bien.

Ahora Murúa vuelve sobre esa contradicción y acusa a la conducción provincial de conocer el mecanismo antes de hacerlo público. Dice que tiene mensajes, audios y documentación para demostrarlo.

López, Espejo, Azzalini y Colello: los dirigentes a los que acusa de haberla «operado» o dejado sola 

Cuando la conversación se desplaza hacia los responsables políticos, Murúa abandona cualquier tono diplomático.

Sobre Marcelo López, su antiguo referente y amigo, fue terminante: «Corrupto».

La acusación no se limita a que el diputado conociera las irregularidades. Murúa sostiene que le informó cómo funcionaban los retornos, cuánto dinero sobraba mensualmente y qué proveedores participaban, pero que nunca obtuvo una respuesta concreta para desarmar el mecanismo.

«Vos acordate que esta plata mantenía las campañas de gestiones anteriores. De ahí sale plata para las campañas. Es una caja política», aseguró.

Sin embargo, cuando se le preguntó cómo podía llegar ese dinero a la política si supuestamente el circuito se cerraba entre responsables de tarjetas y proveedores, explicó que eran estos quienes tenían acuerdos políticos para poder trabajar.

Sobre la senadora Cielo Espejo, el reproche fue diferente. Murúa sostiene que le acercó pruebas y audios que comprometían a funcionarios provinciales y que la legisladora tenía, además, información propia sobre las irregularidades.

cielo espejo

La senadora provincial por el departamento de Concordia, Gloria Cozzi (alias «Cielo Espejo»)

La excoordinadora sostiene que, después de su desplazamiento, Espejo terminó acompañando una reorganización del área que incluyó la llegada del contador Jorge Kannemann.

A Kannemann lo vinculó con antecedentes que, según ella, debían haber sido investigados antes de su designación en la Coordinación de Comedores Escolares de Concordia. Lo relacionó con su anterior paso por el Hospital Felipe Heras durante la breve gestión del Dr. Julio Alberto Greco en la dirección del nosocomio, y con presuntas irregularidades en el manejo de fondos.

En su manifiesto defensivo, Murúa reproduce un audio atribuido a Espejo en el que la senadora le reclamaba a Azzalini que no la dejaban avanzar en Comedores porque, según decía, había demasiadas personas involucradas, incluso dentro de la propia conducción provincial.

Un audio atribuido a la diputada Gloria Cozzi (Cielo Espejo) dirigido a Azzalini. Presentado como material probatorio por Murúa

En la entrevista, Murúa aseguró que Espejo tenía información reunida por su entonces secretario, Jorge Grantón, un comerciante de la construcción que se desempeñó como Jefe Administrativo General del hospital Felipe Heras durante la gestión del Dr. Greco, y que había fotografías de proveedores ingresando al despacho de un diputado…

También la cuestionó personalmente: «No tiene personalidad», dijo al referirse a la legisladora.

Pero el blanco principal de sus críticas dentro de la estructura administrativa provincial es Lautaro Azzalini.

Murúa sostiene que el director de Comedores conocía los sobreprecios, que recibió sus advertencias y que fue quien orientó las decisiones sobre qué proveedores podían trabajar con las escuelas.

«Él fue el que dijo que no le compren a Joaquín (el tradicional supermercado de Villa Zorraquín) y que le empiecen a comprar a este pibe», afirmó, en referencia a las instrucciones que, según su relato, llegaban desde Paraná para dirigir las compras hacia Partarrié.

Captura de pantalla de un intercambio de mensajes entre Murúa y Azzalini, también presentado ante la Justicia

La exfuncionaria insiste en que la decisión de trabajar con Partarrié no fue una iniciativa propia, sino una recomendación que recibió desde la conducción provincial. Y acusa a Azzalini de haberla dejado expuesta cuando comenzaron a aparecer las irregularidades con este empresario.

lautaro azzalini

Lautaro Azzalini, Director General de Comedores Escolares de la provincia de Entre Ríos.

Partarrié: «Corrupto, mentiroso y traicionero»

Uno de los pasajes más duros de la entrevista está dedicado a Iñaki Partarrié, titular de Ahora Voy SRL, el empresario que ocupa un lugar central en la investigación y que, según Murúa, inicialmente se presentó ante ella como alguien dispuesto a terminar con los retornos de dinero que exigían proveedores y responsables de tarjetas.

La excoordinadora contó que Partarrié llegó acompañado de su padre, Martín Partarrié, titular de Partarrié Distribuciones SAS, y le explicó que la anterior coordinadora lo había apartado porque se negaba a pagar un 10% de sus ventas. También le habría contado que los tarjeteros le exigían cada vez más dinero.

Iñaki Partarrier, dueño de la firma Ahora Voy SRL

«Me dijo que muchas noches no dormía por esto, que estaba cansado de lo que pasaba y que quería mostrarme pruebas». Según Murúa, al día siguiente volvió solo, ya sin companía de su padre, con un pendrive que contenía documentación sobre las irregularidades.

La exfuncionaria asegura que tomó esa información y la incorporó a la denuncia que presentó ante la Fiscalía. Pero su relación con el empresario, que inicialmente describe como la de un denunciante que buscaba terminar con un sistema de retornos, terminó convirtiéndose en uno de los puntos más complicados de su propia defensa.

Murúa reconoce que recomendó a Partarrié como proveedor ante Paraná. Explicó que desde la Dirección Provincial le habían indicado que era uno de los pocos que tenía logística suficiente para abastecer a las escuelas y que, ante las sospechas que pesaban sobre otros comerciantes, lo consideraban una alternativa confiable.

«Desde Paraná me decían a mí que sí, que le compren a él porque era el más seguro», afirmó.

Sin embargo, dice que después descubrió que el empresario estaba reproduciendo las mismas prácticas que supuestamente había denunciado. Un familiar le habría advertido que Partarrié estaba pasando el 100% del saldo de las tarjetas, aunque no entregara mercadería por ese monto.

Y agregó que una persona cercana al empresario le confirmó que también entregaba dinero a los tarjeteros. Asegura que está buscando a esa persona para que declare y explique lo que conoce.

Murúa también cuestionó que el teléfono que, según ella, contendría las conversaciones comerciales más importantes de Partarrié no haya sido entregado a la Justicia. En ese sentido, hizo referencia a un antiguo iPhone 7 que, según su versión, habría sido utilizado para realizar las operaciones. Los teléfonos secuestrados al empresario no serían ese dispositivo, según su versión.

Los fajos de dinero y los aires acondicionados: la explicación de Murúa sobre los audios

La conversación sobre dinero en efectivo entre Murúa y Partarrié fue uno de los primeros elementos que adquirieron notoriedad pública en la causa. DIARIOJUNIO publicó en junio de 2025 una grabación en la que ambos hablaban de fajos de billetes, diferencias en las cantidades de dinero y la compra de dólares.

En aquel intercambio, Murúa reclamaba que los fajos que había recibido contenían menos dinero del que debían tener. La conversación incluía referencias a la compra de dólares.

La exfuncionaria volvió a explicar ese episodio. Según su versión, el dinero no tenía relación con la apropiación de fondos alimentarios, sino con una operación para comprar aires acondicionados que, a través de Partarrié, iban a ser donados a los comedores y a una oficina estatal.

Explicó que el proveedor tenía pagos pendientes de cobro y que, ante la demora, algunos integrantes del entorno de la Coordinación le propusieron ayudarlo con «agilizar el trámite en Paraná» a cambio de que colaborara con la compra de los equipos.

«Yo le pregunto a López (el diputado): ¿pueden donar aires acondicionados? Y me dice que sí», relató.

Según Murúa, uno de los equipos estaba destinado a la oficina que compartía con López. El resto iba a ser para los chicos de la Coordinación.

También dijo que Partarrié tenía las facturas de los equipos de aire acondicionado.

Pero Murúa terminó reconociendo que aquella operación no debió realizarse de esa manera.

«Esa cuestión no tenía que haber sucedido. Que un proveedor venga, se ofrezca, regale… No tenía que haber sucedido. ¿Sabés qué? Yo fui una tarada en eso. Yo fui una tarada. Quizás por no tener experiencia. Yo era la primera vez que ocupaba un cargo político».

Murúa también sostiene que el famoso audio sobre dólares y fajos a los que le faltaban billetes fue difundido de manera fragmentada y reclama que se incorpore a la causa la conversación completa, desde el comienzo hasta el final.

«Que pidan ese audio desde el hola hasta el chau. Ahí sí, si quieren incriminarme, me pueden incriminar, no con un recorte así», reclamó.

Quiroga, la oficina de Arquitectura y el dinero que Fiscalía le atribuye

Otro de los señalados por la investigación es el empresario Julián Quiroga, vinculado al MID y a la figura del arquitecto Guillermo Marcone, hoy Delegado Argentino en Salto Grande. Según la hipótesis fiscal, Quiroga habría tenido un papel informal dentro de la Coordinación de Comedores, con acceso a la oficina, manejo de dinero y retiro de mercadería.

La excoordinadora rechaza esa descripción y asegura que la relación con Quiroga era prácticamente inexistente.

Contó que inicialmente trabajaba en una oficina de Maestranza y que luego le prestaron un espacio perteneciente al área de Arquitectura. Cuando cambió el personal de esa dependencia, fue el propio arquitecto Leonardo Di Lauro, al frente de la Jefatura Zonal de Arquitectura de Concordia, quien le permitió continuar utilizando el lugar.

Quiroga trabajaba en Arquitectura y, según Murúa, simplemente pasaba por allí, tomaba un café y seguía hacia su oficina.

«Ese era el vínculo que yo tenía», aseguró.

También rechazó que pudiera haber almacenado mercadería o manejado dinero de los comedores en ese lugar. Dijo que compartía el espacio con el diputado López y la diputada Carola Lanner, y que por allí también pasaba a veces el entonces ministro Manuel Troncoso.

En su defensa, hizo referencia a una fotografía que habría sido utilizada para vincularla con dinero en efectivo dentro de la oficina. Según su explicación, ella no aparece en la imagen y el dinero estaba junto a una empleada de nombre Paula Pralong.

Atribuyó la fotografía a un exempleado, al que identificó como Eric, y sostuvo que se trató de una maniobra para involucrarla.

También recordó que, durante su gestión, tuvo custodia policial porque había recibido amenazas de muerte y advertencias sobre los horarios escolares de sus hijas. Aseguró que un efectivo la acompañaba todos los días desde que ingresaba hasta que se retiraba de la oficina.

Mauricio Colello, Paula Pralong y una acusación que llega hasta la Secretaría General de la Gobernación

La entrevista también incorporó un episodio que Murúa considera parte de la operación política que, según ella, terminó desplazándola.

Apuntó contra Mauricio Colello, secretario general de la Gobernación, y aseguró que fue quien le colocó al lado a Paula Pralong, una dirigente de la Juventud Radical vinculada al diputado Marcelo López y esposa del candidato a intendente de Concordia Maximiliano Navarro Jaurena.

Según su relato, Pralong llegó para trabajar junto a ella y recibió incluso un sello de Coordinadora General de Comedores. Murúa dijo que inicialmente se mostró contenta porque pensó que tendría a otra persona para colaborar con las tareas administrativas y le enseñó el funcionamiento del área.

«Yo estaba en mi casa feliz porque dije: bueno, listo, hay otra persona más para lo mío y no tengo que sellar siempre yo. Mirá mi ignorancia de lo que me estaban haciendo y yo todavía ayudándola, enseñándole », relató.

La exfuncionaria sostiene que la incorporación de Pralong no fue casual sino para controlar sus movimientos y preparar su desplazamiento.

«Me necesitaban incriminar para implementar Teknofood»

El argumento que atraviesa todo el descargo de Murúa es que su desplazamiento no habría sido una consecuencia de las auditorías, sino una decisión política premeditada y vinculada con un cambio de modelo en la alimentación escolar.

La excoordinadora sostiene que, antes de que se conocieran públicamente las irregularidades, el Gobierno provincial ya había comenzado a modificar las condiciones de funcionamiento de los comedores.

Habló de reducción de partidas, restricciones para que los chicos repitan las comidas, prohibiciones para comprar determinados alimentos y despidos de cocineros y trabajadores que tenían años de antigüedad.

«Ellos empezaron a bajar las partidas, empezaron a despedir gente, empezaron a decir que no podían repetir dos veces la comida. Yo les tenía que decir a los supervisores: no pongan que repiten en las planillas, porque si ellos ponían que repiten le bajaban las partidas», denunció.

También mencionó restricciones para comprar yogures y cereales indicados por nutricionistas, además de pedidos de despido de hasta treinta trabajadores por mes.

«Todos los meses era algo nuevo. Te juro que llegaba un momento que yo me sentaba en la punta de la mesa de mi casa y le decía a mi mamá: no quiero ir a trabajar porque no sé qué me van a hacer hoy», recordó.

La tensión, según explicó, también tenía que ver con su negativa a reemplazar la comida elaborada en las escuelas por productos industrializados.

Contó que discutía con funcionarios provinciales por los menús y que intentaba que los establecimientos pudieran ofrecer platos que los chicos efectivamente comieran, en lugar de preparaciones que consideraba alejadas de sus hábitos alimentarios.

«En una escuela donde un chico no sabe lo que es una berenjena, tenían que comer tarta de berenjena. Tenían que comer tarta de coliflor. Yo les decía: háganles ravioles, háganles ñoquis», ejemplificó.

Recordó también que había impulsado comidas especiales para fechas como Pascuas y el Día del Niño, con huevos de chocolate, golosinas y platos que, según ella, generaban entusiasmo entre los alumnos.

El contraste que plantea es con el nuevo sistema de provisión de alimentos de Teknofood, al que cuestiona por su utilización de productos industrializados y ultraprocesados.

«Cuando a mí para el Día del Niño no me dejaban hacer una torta con dulce de leche porque tenía exceso de azúcar, hoy quieren implementar Teknofood, donde todo es exceso de azúcar», cuestionó.

Y fue directamente al centro de su hipótesis:

«Yo creo que ellos necesitaban incriminar a alguien para implementar Teknofood. Porque ellos tenían que poner Teknofood».

La exfuncionaria interpreta que la denuncia pública de las irregularidades y su desplazamiento permitieron construir el argumento de que el sistema descentralizado de tarjetas estaba corrompido y debía ser reemplazado por un esquema de abastecimiento centralizado.

Desde el Gobierno, Azzalini defendió el cambio con argumentos de homogeneidad, calidad nutricional, transparencia y control.

La operación mediática: las publicaciones nacionales y las fechas que Murúa dice haber reconstruido

Otro tramo importante de la entrevista estuvo dedicado a las filtraciones de información sobre la causa y a la difusión de conversaciones privadas.

Según su reconstrucción, una de las primeras publicaciones con audios apareció el mismo día de una votación legislativa vinculada al sistema previsional; otra coincidió con la firma del contrato con Teknofood y una tercera con el anuncio de Rogelio Frigerio sobre el adelantamiento del calendario electoral.

La exfuncionaria también se refirió a la publicación de conversaciones con su hermana, difundidas en agosto de 2026 por Infobae y replicadas por otros medios nacionales y provinciales.

«Esa noticia salió el mismo horario de Gobernación a Infobae, a Crónica y a La Nación», afirmó, y sostuvo que los materiales habían sido enviados desde el área de prensa de la Provincia.

La acusación es concreta: Murúa considera que el Gobierno no solamente habría promovido la difusión de información comprometedora, sino que habría utilizado conversaciones adulteradas para profundizar su exposición pública.

En particular, negó la autenticidad de las capturas atribuidas a una conversación con su hermana Vanesa. Dijo que ella nunca la tuvo agendada como «Vanesa Murúa», sino con un apodo familiar, y que la fotografía de perfil difundida tampoco correspondía a la que utilizaba en el momento de los hechos.

«Esos mensajes no existen en el peritaje», aseguró.

«Me mataron en vida»: la ruptura con López y el costo personal de la causa

Hacia el final de la entrevista, la excoordinadora habló de las consecuencias personales que tuvo la investigación y de la ruptura definitiva con Marcelo López.

Dijo que mantuvo con el diputado una relación de amistad y confianza, que le creyó cuando le explicaba cómo funcionaba la política y que nunca imaginó que terminaría enfrentada a él.

«Yo no sabía la regla del juego del poder. Yo no sabía que si te tengo que matar a vos y sos mi amigo, mañana te tengo que matar y te mato. Yo no lo sabía», expresó.

«A mí me mataron en vida porque yo no robé», concluyó.

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