Tanto los médicos clínicos como los familiares de los adictos carecen de información sustancial sobre este tema, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce la adicción como una enfermedad.
Es imperativo contar con instituciones especializadas que ofrezcan un tratamiento integral, involucrando no solo a los pacientes sino también a sus familias. Lamentablemente, en la actualidad, carecemos de centros de referencia adecuados para la derivación de estos pacientes, dejando desprotegidas a las víctimas y sus familias.
Además, acceder a algún tipo de tratamiento conlleva costos significativos, una barrera que limita la disponibilidad de opciones de tratamiento suficientes. En este momento de cambios a nivel ejecutivo, desde el ámbito municipal hasta el nacional, es crucial plantear este reclamo para garantizar que todos los segmentos sociales tengan acceso a un tratamiento adecuado para sus necesidades.
Si bien existen servicios comunitarios no coordinados, como los proporcionados por algunas iglesias evangélicas, cuyos éxitos no están totalmente documentados, al menos demuestran un esfuerzo por encontrar soluciones. El Estado debería emular esta iniciativa y buscar una manera integradora para evitar el aislamiento de estos esfuerzos.
Es hora de aprovechar la coyuntura actual de cambios y exigir una respuesta coordinada y efectiva del Estado para abordar el complejo problema de las adicciones, asegurando que la ayuda y los recursos necesarios estén disponibles para todos los afectados.