Costa explicó que las causas que reciben son diferentes y el nivel de trabajo que conllevan también. Por ejemplo, un robo común, sino tienen elementos para desentrañar a o los autores, pasan al archivo sin demasiado tramite. Por decir un caso muy común. «Me saltaron el muro y me llevaron la bicicleta”, dijo. Si no hay cámaras o algún testigo u otro elemento probatorio, dejó entrever que no hay mucho por hacer. Sin embargo, también están las otras denuncias como problemas entre vecinos o robos con autores identificados donde tienen elementos para actuar.

El coordinador fiscal remarcó que la cantidad de empleados con la que cuentan es la misma que tenían hace 14 años cuando comenzó a aplicarse el nuevo Código Procesal Penal: una veintena. “Antes había cuatro Juzgados de Instrucción con cinco empleados cada uno. Había 20 empleados en cuatro juzgado de Instrucción. Y el cúmulo de causas por mes era más o menos de 250 causas”, recalcó. “Ahora tenemos 21 o 22. Es prácticamente la misma cantidad de personal que la que había antes”, dijo.

Los problemas se suscitan cuando suceden hechos que necesitan ser resueltos con la mayor premura posible sobre todo por presión de la opinión pública. Por ejemplo, el caso Luisina. Pero todos los días los fiscales deben resolver pedidos de prisión preventiva, asistir a debates, etc. “Acá te dirá que todo el mundo viene a trabajar a la tarde”, recalcó

“Necesitamos más personal más fiscales, más técnicos en informática que no tenemos”, dijo. Costa sostuvo que hay pedidos todos los años a que se destinen más recursos para personal. Por otra parte, Costa explicó que las diferentes jurisdicciones, como el Ministerio Público Fiscal o la Defensoría, del poder Judicial elevan los pedidos de presupuesto a la Procuración General. «El Procurador General los eleva al Ejecutivo o al Legislativo para que lo incluyan en la Ley de Presupuesto», dijo.

A su vez, desde prensa del STJ (Superior Tribunal de Justicia) explicaron que el nombramiento de personal y la asignación de recursos del Ministerio Público Fiscal (MPF) no dependen del STJ, sino de la Procuración General. La designación del personal y la distribución de trabajo depende del Procurador, que luego, a los fines administrativos, comunica al STJ.

Las dificultades se evidencian al solo ingresar al edificio de Tribunales, En los pasillos atestados circulan personas que van a hacer denuncias, testigos, abogados y personas privadas de su libertad custodiadas por personal policial. Costa sostuvo que el edificio de calle Mitre fue construido en otra época y para otra finalidad.