Un grupo de trece diputados nacionales presentó este viernes un pedido de informes sobre los escandalosos viajes del presidente Javier Milei. “La política exterior debe orientarse al cumplimiento de los intereses de la Nación conforme a criterios de razonabilidad, eficiencia en los gastos y finalidad pública”. Los legisladores mencionan que buen parte de las actividades internacionales no responden a ese criterio, sino que se trata de convocatorias “ideológicas, partidarias afines o de reconocimiento personal, por lo que se hace necesario determinar la naturaleza de cada viaje”. Sólo en los últimos siete días, Milei estuvo en España en el Foro Económico de Madrid, un foro de derecha en el que fue el principal orador, y este fin de semana llega a Budapest para participar de la Conferencia de Acción Conservadora (CPAC), una organización de derecha que se identifica con Donald Trump. En el Madrid Economic Forum se cobraron entradas de hasta 2.500 euros, de manera que alguien lucró con el evento, o sea que se usó la figura del presidente para fines privados. Es claramente ilegal. Milei se alojó en la suite presidencial del Hyatt Regency Hesperia, a 5.200 euros la noche. Hubo además otros integrantes de la comitiva, Ceremonial y los encargados de seguridad. Y, por supuesto, el costo del viaje en el ARG 01, ENTRE 300.000 y 500.000 dólares. Si lo pagó el Estado, son fondos ilegales para una actividad partidaria. Si lo pagaron los organizadores, constituye una dádiva ilegal, algo parecido a una coima. En esa línea, también se presentó un pedido de acceso a la información pública.

La agrupación UCR Activa Entre Ríos cuestionó las declaraciones del diputado entrerriano, Darío Schneider, respecto a su acompañamiento a la reforma, al señalar que justificar el voto bajo el argumento de que la iniciativa “baja costos” para generar empleo y reducir el trabajo informal implica, en la práctica, un retroceso en materia de derechos laborales, según información enviada a DIARIOJUNIO.

En una sesión marcada por una brutal represión en las calles y un secretismo extremo en relación a las modificaciones que se negociaron hasta el último minuto, el oficialismo logró la media sanción de la Reforma Laboral. El proyecto obtuvo 42 votos a favor y receptó parte de los cambios pedidos por la CGT, los gobernadores y sus principales aliados. El peronismo, sin fisuras, rechazó la iniciativa.

Bajo la consigna “No a la baja de la edad de punibilidad. ¡Ni un paso atrás!”, la Mesa Federal de Articulación de Niñez y Adolescencia difundió un documento dirigido a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación en el que expresa su “profunda preocupación” por el tratamiento y posible sanción, en sesiones extraordinarias, de proyectos que proponen modificar el régimen penal juvenil y reducir la edad mínima de responsabilidad penal, hoy fijada en 16 años.

Periodistas de diferentes medios de comunicación, con diversas miradas sobre la realidad política y económica del país y con distintas situaciones laborales, solicitamos a las y los legisladores del Honorable Congreso de la Nación que rechacen el intento de derogación del Estatuto del Periodista Profesional y del Empleado Administrativo de Empresas Periodísticas, normas que consagran derechos individuales, profesionales y colectivos.

La diputada nacional Blanca Osuna (UxP-Entre Ríos) cuestionó las recientes medidas adoptadas en OSER, que derivaron en la degradación de funciones y el desplazamiento de trabajadoras con amplia trayectoria profesional. Sostuvo que generan preocupación por su impacto tanto en los derechos laborales como en la calidad de las prestaciones para los afiliados. Remarcó que las decisiones, lejos de ser meramente administrativas, se inscriben en un contexto más amplio de funcionamiento de la obra social que merece ser analizado, especialmente en lo referido al control del gasto, la transparencia en la gestión y el respeto por la normativa vigente, según un artículo de opinión enviado a DIARIOJUNIO.

A dos semanas de que el oficialismo intente aprobar su reforma laboral en el Senado, se multiplican las reuniones para intentar aminorar el impacto de una ley que retrocede más de un siglo y desconoce pilares básicos del derecho laboral como la jornada de ocho horas, además de restringir el derecho a huelga. Estancado en sus 28 legisladores, el peronismo se fijó como objetivo evitar que la iniciativa se trate de manera exprés el próximo 11 de febrero y busca sumar al menos ocho senadores para bloquear la sesión. Para eso será clave el rol que juegue la CGT en la persuasión de los gobernadores. La central obrera se reunió el miércoles con los senadores de Fuerza Patria para “analizar la situación parlamentaria” y trazar una estrategia conjunta. En paralelo, mantuvo un encuentro reservado con las tres cámaras empresariales que advirtieron sobre los problemas jurídicos y el nivel de conflictividad que acarrean varios artículos de la ley.

Es un proyecto pensado para que los bancos se saquen de encima la enorme cartera de morosos de tarjetas de crédito consecuencia de la debacle económica libertaria, y se lo transfieran al sistema previsional. Nos explicamos: Lo presentan como como una especie de “ayuda humanitaria” a los hogares endeudados con tarjetas de créditos y usureros varios, pero en realidad es un nuevo intento de vaciamiento de los fondos del ANSES, organismo al que le están terminando de saquear EL Fondo de Garantía de Sustentabilidad que llegó a administrar más de 70.000 mil millones de dólares que funcionaban como reaseguro del sistema previsional. Ese fondo fue creado cuando se nacionalizaron las AFJP -Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones.

En una nota en la que resume las modificaciones a las leyes laborales que propone el gobierno de Javier Milei y que el congreso discutirá, el extitular de ATE (Asociación Trabajadores del Estado) Entre Ríos, Edgardo Massaroti bosqueja un análisis de las implicancias que tales reformas tendrán tanto para trabajadores como para empresarios. En el escrito menciona la “perdida de derechos de los trabajadores”; la transferencia de recursos al capital (reducción de aportes patronales y a la obra social); cambios impositivos y ataque a la estructura sindical entre otras consideraciones. Lo que sigue es un texto que incita al debate.

Sin cambios, el Gobierno logró aprobar con amplio margen su primera ley de Presupuesto de ajuste para lo que será su tercer año de gestión y dio por cerrado el período de sesiones extraordinarias. El oficialismo cosechó 45 votos afirmativos y 25 en contra, estos últimos provenientes del peronismo que, por primera vez, votó dividido: El catamarqueño Guillermo Andrada, la tucumana Sandra Mendoza y la jujeña Carolina Moisés acompañaron al Gobierno en la votación en general. Tras dos años de manejo discrecional de los fondos públicos, el oficialismo consiguió así sancionar la Ley de Leyes con el apoyo del PRO, una UCR partida y los gobernadores aliados. Pese a los esfuerzos, la oposición no logró hacer caer los artículos 12 y 30 del capítulo 2, que profundizarán el ajuste en educación, ciencia y tecnología y desfinanciarán el sistema nacional de defensa. Diego Santilli, Lule y Martin Menem y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, siguieron la sesión desde el despacho de Patricia Bullrich. Desde allí desplegaron reuniones y llamados para blindar el Presupuesto. Por caso, Santilli se reunió en pleno debate con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, que logró sumar sobre el filo el apoyo de la senadora Edith Terenzi al capítulo más polémico. Durante el tratamiento, la senadora Florencia López denunció que el Gobierno “compra votos” a través de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).