El titular del Ente Mixto de Turismo, Jorge Satto, rechazó declarar ante la justicia federal en el caso que lo tiene como imputado por posibles pagos de sobreprecios en la CARU, mientras era delegado en el 2017. La justicia lo investiga por acciones fraudulentas contra el Estado nacional.

Tras seis jornadas de debate a puertas cerradas, por tratarse la denuncia de un delito contra la integridad sexual, un jurado popular reunido hoy sábado en Paraná declaró culpables a M.S.E, como partícipe necesario del delito de “Abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido por personal de las fuerza policiales” y a G.E.A como autor del delito de “Abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido por personal de las fuerzas policiales”, según información enviada a DIARIOJUNIO.

El próximo 18 de febrero de 2026 a las 9:00 horas se realizará la audiencia de juicio abreviado en la que Carlos Alcides “Corcho” González, ex tesorero de la Sociedad Mutual de Músicos de Concordia, aceptará los cargos en su contra por su participación en la maniobra fraudulenta que derivó en la venta del histórico inmueble de calle Sarmiento 563.

El Tribunal Oral Federal de Paraná condenó a Yamil Ale Abdala y a Sandro de la Cruz Vázquez por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral en un establecimiento rural ubicado en Puerto Yeruá, en cercanías de Calabacillas, departamento Concordia. Las víctimas fueron cinco trabajadores oriundos de Irigoyen y Eldorado, provincia de Misiones.

A través de una publicación en su cuenta de Facebook, Daniel Domingo Rossi, el jefe comunal de Santa Elena, aseguró haber recibido esta semana un mensaje de un fiscal que —según sus palabras— fue “puesto a dedo para amenazarme y disciplinar”. En el mismo posteo, sostuvo que se trata de una maniobra para “intimidar a quienes no se callan y no se alinean”.

La justicia entrerriana extendió por 90 días más la prisión preventiva de Pablo Daniel Rodríguez Laurta, el ciudadano uruguayo imputado por el homicidio del remisero Martín Sebastián Palacio, mientras se continúa con el proceso investigativo en los tribunales de Concordia. La medida fue dispuesta por la jueza de Garantías Gabriela Seró, tras una audiencia realizada este jueves en los tribunales locales.

El miércoles 18 de febrero a las 9 comenzará en Concepción del Uruguay el debate en el marco del legajo “Ruiz Orrico, Juan Enrique s/Homicidio culposo agravado”. Las audiencias se realizarán en la sala del Tribunal de Juicio y Apelaciones los días 19, 20, 23, 24, 25, 26 y 27 de febrero. Ruiz Orrico es acusado de homicidio culposo agravado cuyas penas oscilan entre tres y seis años. Esta mañana, Mario Arcusin, abogado querellante que representa a la familia de las cuatro víctimas fatales, Brian Izaguirre, Lucas Izaguirre, Leandro Almada y Axel Rossi, todos jóvenes originarios de Basavilbaso, quienes fallecieron el 20 de junio de 2024 cuando se dirigían a trabajar en el frigorífico Fadel, ubicado en la ruta 39 cerca de Concepción del Uruguay , luego de colisionar con el automóvil que conducía Ruiz Orrico, dijo que la expectativa es pedir la pena máxima, de seis años. Además, estimó que el fiscal Eduardo Santo solicitará un monto correspondiente al tercer tercio de la pena, entre cinco y seis años. Arcusin, además, dijo a DARIOJUNIO que no sabía no se qué elementos puede esgrimir la defensa para bajar las expectativas ya que, argumentó, quedó atrás la posibilidad de pedir un sobreseimiento desde el momento en que ofreció $ 150 millones para mitigar el daño moral. Una forma de aceptar la culpabilidad.

El defensor general de Entre Ríos, Maximiliano Benítez, manifestó su posición contraria a la modificación de la Ley Penal Juvenil en los términos que propone el Poder Ejecutivo Nacional en el Congreso de la Nación. En ese sentido, explicó las razones por las cuales Argentina no sólo no necesita bajar la edad de punibilidad, sino que además esto sería perjudicial e iría en contra de los tratados internacionales con rango constitucional que obligan al Estado a brindar protección a los niños, niños y adolescentes. A su vez, remarcó que la participación de menores de edad en la comisión de delitos es estadísticamente mínima y la respuesta a la problemática no debe ser desde el Derecho Penal, sino con la prevención y el abordaje de sus causas.

La justicia federal procesó al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) Diego Spagnuolo y a otros 18 imputados en la trama de coimas y demás discrecionalidades entre el gobierno de Javier Milei y laboratorios privados que le proveían medicamentos para personas con discapacidades. La medida fue tomada por el juez Sebastián Casanello, quien junto con el fiscal Franco Picardi sostuvo contra los procesados la figura de asociación ilícita, defraudación, cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública. El fallo alcanza a quien fuera el segundo de Spagnuolo en la Andis, Daniel Garbellini; Miguel Calvete y Pablo Atchabahian. Se trata de dos personas con estrechos vínculos con droguerías.

Diego, Marcelo y Pablo, víctimas de abusos sexuales perpetrados por el sacerdote José María López, iniciaron el camino de la demanda civil contra la Iglesia Católica en Paraná, luego de que fracasara una instancia de mediación encabezada por el arzobispo emérito Juan Alberto Puiggari en representación de la curia.