El round se dirimió en la Justicia ¿? entrerriana, y el resultado fue perfectamente esperable, pero, como en la pelea entre Ringo Bonavena y Casius Clay, lo más jugoso fue el desarrollo del combate, que es lo que nos interesa consignar, más que él resultado, por otro lado, completamente previsible, dada, la ya tradición de nuestro sistema jurídico, de laudar los conflictos entre la sociedad y la clase política a favor de esta última, cualquiera sea la naturaleza de la cuestión.

El Gobierno de Entre Ríos dispuso adelantar al viernes 26 de junio de 2026 el feriado correspondiente al Día del Trabajador Estatal, que tradicionalmente se conmemora cada 27 de junio. La medida fue establecida mediante el Decreto N° 1793/2026 y alcanzará a la totalidad del personal de la Administración Pública Provincial.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Desarrollo Económico, a través de la Dirección de Agricultura, informa que se encuentran disponibles para consulta pública los registros de personas humanas y jurídicas inscriptas y habilitadas en el marco de la Ley Provincial Nº 11.178 de Buenas Prácticas en Materia de Fitosanitarios.

El gobierno de Entre Ríos celebró este jueves la decisión de la administración de Javier Milei de otorgarle un nuevo adelanto financiero de coparticipación por 150.000 millones de pesos. Con este desembolso, la provincia acumulará durante 2026 un total de 370.000 millones de pesos recibidos bajo esta modalidad, ya que a comienzos de año había accedido a otro adelanto por 220.000 millones. De esta manera, Entre Ríos recurrió dos veces en seis meses a adelantos de coparticipación y quedó a solo 30.000 millones del límite fijado por Nación para este tipo de mecanismo de asistencia financiera. Desde el Ministerio de Hacienda provincial destacaron que la operatoria contempla una tasa anual del 15%, considerablemente inferior a las tasas que debería afrontar la provincia si buscara financiamiento en el sistema financiero o en los mercados de deuda. Sin embargo, la comparación tiene algunas particularidades.

El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este jueves junto al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, la apertura de la reunión del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, que reunió en Paraná a ministros y autoridades económicas de todo el país.

Dando continuidad al cronograma de trabajo para el análisis de la iniciativa elaborada por el Poder Ejecutivo, que lleva como título “Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional”, los senadores escucharon a representantes de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial, y del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia. En efecto integrantes de la Asociación de la Magistratura Alejandro Cánepa, junto a Gabriela López Arango, plantearon “cuestiones que preocupan” y mencionaron el artículo 8 del texto, señaló además que “el capítulo de la emergencia contamina la reforma previsional” y remató al decir “Sin ser agorero, lo peor es hacer algo que no dure nada”. En tanto los contadores "propusieron tomar los 15 mejores años de aportes", idea que confronta con el proyecto del Ejecutivo.

Ante la medida de Nación de ofrecer retiros voluntarios, el director regional Jorge Gvozdenovich advirtió que en la provincia ya renunciaron 22 profesionales y 21 trabajadores especializados en apoyos técnicos. “Es una lástima porque el INTA pierde acciones con las que ha marcado un liderazgo”, lamentó. El titular del organismo dijo que esta situación afecta principalmente a citricultura en extensión: “teníamos dos agentes que daban respuestas a los planteos de los productores que ahora ya no están”. También mencionó el sector de lechería, maquinaria agrícola y maestrías para empresas privadas.

Según un informe elaborado en base a datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), la provincia registró una caída del 6,3% en la cantidad de empresas empleadoras desde noviembre de 2023. Solo entre marzo de 2025 y marzo de 2026 desaparecieron 437 firmas, se informó a APFDigital.

Dirigentes de Festram y de la Federación de Jubilados expusieron ante las comisiones del Senado. Advirtieron sobre la inconstitucionalidad de varios artículos, cuestionaron el "aporte solidario" y alertaron que la pérdida de poder adquisitivo resentirá fuertemente el consumo y la economía de las pequeñas localidades entrerrianas. APFDigital estuvo en el lugar de los hechos.

Por si alguien no recuerda la razón por la que fue destituida Cecilia Goyeneche, en 2022, por el Jury de Enjuiciamiento de la Justicia (¿?) Entrerriana, de su cargo como procuradora Adjunta, refrescamos la denuncia efectuada en ese entonces por Carlos Reggiardo, Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet[i], quienes la acusaron por no haberse apartado de la causa “de los contratos truchos” a pesar que en ella estaba imputado su íntimo amigo y socio, el contador Pedro Opromolla. En el desarrollo de la causa la fiscal mintió que nunca había tenido trato directo con el acusado porque era un vínculo de su esposo, falsedad que quedó expuesta cuando aparecieron documentos que acreditaban que poseían propiedades conjuntamente y que incluso veraneaban en familia con sus respectivos cónyuges. La mentira era gravísima por la investidura de la acusada, que derivó en que la propia Fiscal haya terminado embargada en la causa, por poseer dos inmuebles en condominio con uno de los imputados, lo que terminó determinando su apartamiento de la causa. “Quedan ya configuradas gravísimas irregularidades por parte de la Procuradora Adjunta Cecilia Andrea Goyeneche y del propio titular de la Procuración General, Dr. Jorge García, algunas de ellas –podemos quizás equivocarnos- rayanas con delitos funcionales, es decir, que solamente pueden acometer los funcionarios públicos, constreñidos a observar deberes positivos a su cargo, que en nuestra opinión se han inobservado de modo inexcusable, insinuando ya un derrotero de futuras complicidades con ciertos niveles de mayor responsabilidad del Poder Legislativo y Político, en función de garantizarles impune cobertura, de tal suerte que queden excluidos de ser investigados por parte del MPF y, obviamente, de recibir un reproche penal que les implique un serio riesgo para sus libertades y bienes”,[ii] explicitaron Mullet y Pagliotto en el documento.