Irigoy sostuvo que lo que se busca es que las Fiestas sean “más rentables”. No obstante, dijo que son conscientes de que hay celebraciones, como el Día del Niño, que saben que no va a arrojar ninguna ganancia. En esos casos, lo que buscan es saber cómo están organizadas. “Nosotros no tenemos participación. Cuando pedimos información de los gastos, no nos dan”.
Más adelante, explicó que ahora tienen un plazo de 15 días para analizar el veto en el Concejo en Comisión. Y si reúnen los dos tercios de los concejales presentes en una sesión, puede rechazar el veto y dejar firme la ordenanza. Pero, para ello, necesitan el acompañamiento de algunos de los ediles del oficialismo. “Nadie dice que no puede ser pero, en este momento, creemos que no”, acotó.
Irigoy indicó que el intendente José Luis Walser, en el decreto del veto, sostuvo que el balance de las cuentas públicas del municipio, a lo largo de lo que va de sus dos gestiones, ha arrojado superávit fiscal. No obstante, la edil reiteró que no tienen información ni conocen como se organizan los eventos. “Cuando los vemos, ya está todo armado por parte de ellos”.
La iniciativa vetada corresponde a La Libertad Avanza y fue acompañada por el Partido Justicialista y el flamante bloque de la Unión Cívica Radical, hasta el 2025 integrante del oficialismo. De esta forma, lograron su aprobación con siete votos a favor y cuatro en contra. Hermes Roy Liberman y María Frencia (LLA); Andrea Becerra y Edgardo Luciani (UCR); Patricia Irigoy y Carlos Leonardi (17 de Octubre). En tanto fue rechazado por los concejales oficialistas Clarisa Benay, Javier Minatta y Leonardo Hellmers (Juntos por Colón).
El 23 de abril pasado, el Concejo Deliberante aprobó la ordenanza que establece un marco regulatorio para la evaluación económica de las fiestas y eventos organizados con fondos públicos en el ámbito municipal, con el fin de asegurar su viabilidad económica y evitar pérdidas recurrentes.
La nueva normativa es aplicable a todas las festividades, ferias y eventos culturales, deportivos o de cualquier otra índole financiados total o parcialmente con fondos públicos municipales, incluidos aquellos declarados de interés municipal o nacional, según El Entre Ríos.
Todo evento financiado con recursos públicos deberá presentar un cálculo financiero previo y un balance posterior a su realización. El balance incluirá ingresos proyectados (patrocinios, venta de entradas, subvenciones, etc.) y gastos estimados (logística, seguridad, artistas, promoción, etc.).
Mediante el decreto N° 293/2026 fechado el 6 de mayo de 2026, el Ejecutivo Municipal de Colón vetó la ordenanza. En sus considerandos, el decreto firmado por el intendente y el secretario de Gobierno Mariano Bravo, propone analizar el objetivo de la ordenanza para “detectar el espíritu”. Para el Ejecutivo, la normativa vetada “busca que la totalidad de los eventos y actividades organizadas por la Municipalidad de Colón tengan una rentabilidad económica, que persigan como principal objetivo generar ganancias y evitar pérdidas”.
También trascriben lo dicho en el artículo 8: “Si un evento genera pérdidas por tres años consecutivos, deberá realizarse una evaluación exhaustiva que considere la suspensión, modificación o reducción del financiamiento del evento”.
El veto critica “el aspecto meramente económico como único parámetro de medición para determinar la viabilidad de un evento o actividad municipal, pretendiendo que si así no fuere, se pueda inclusive eliminar dicho evento o actividad. Este criterio propuesto por los ediles que aprobaron el proyecto, contiene una mirada estrictamente financiera”.