Galantini fue apaleado salvajemente por la fuerza policial y luego puesto preso por un Juez, quién no le otorgó la libertad condicional argumentando, literalmente, que no le concedía el beneficio porque como era integrante de una organización para la defensa de los derechos humanos, podría seguir organizando manifestaciones públicas.
Sonia López, la abogada que representa a los integrantes de la Coordinadora que fueron apaleados y puestos presos por orden directa del gobierno denunció a un medio provincial el escandaloso trámite judicial al que están sometiendo a Galantini, su joven hijo, que también ha sido inculpado, como una forma adicional de reprimir a su padre y otros militantes sociales.
Nueva Mirada- Con críticas de la defensa, comenzó el juicio contra militantes de derechos humanos
La defensa de Guillermo Galantini advirtió que la mayoría de los testigos de la Fiscalía son policías que actuaron en la represión por el desalojo de una familia en Monte Caseros.
Este lunes comenzó el juicio contra Guillermo Galantini, Jorge Espíndola y Galileo Galantini, militantes sociales y de derechos humanos que fueron víctimas de la represión policial en el desalojo de una familia en Paso Vallejos, Monte Caseros.
Desde la defensa advirtieron que la mayoría de los testigos que presentó la Fiscalía son los mismos policías que participaron en la represión. Además de una serie de irregularidades que se vienen cometiendo en el juicio.
La representante legal de los tres acusados, Sonia López, pidió la nulidad de cuatro testimonios porque no se citó a la defensa; y la ilegalidad de otros cinco testimonios porque fueron agregados previo al juicio en la audiencia de control de prueba, sin estar incorporados en la acusación.
Más allá de los argumentos esgrimidos desde la defensa, el juez del juicio, Gustavo Ifran, rechazó el pedido «con un argumento arbitrario», aseguró López. Los nueve testigos de la Fiscalía fueron ratificados, siete de los cuales ya declararon, y dos van a declarar este martes, junto a los testigos de la defensa.
La particularidad del caso es que la mayoría de los testigos son los policías que participaron de la represión y que después se presentaron como víctimas y testigos, Mientras que aquellos que sufrieron la represión están sentados en el banquillo de los acusados.
De acuerdo a la abogada defensora, Sonia López, «mis clientes, que fueron salvajemente golpeado por personal policial, son presentados como los agresores». Además, remarcó que «es notorio el intento del Ministerio Público de criminalizar el accionar de la Coordinadora por los Derechos y la Justicia (Codeju)».
También señaló que uno de los acusados, Galileo Galantini (hijo de Guillermo) «está allí por portación de apellido». «No hay ninguna prueba contra su persona y sin embargo se sostiene vergonzosamente la acusación sobre él», sostuvo.
Asimismo, cuestionó el accionar de la fiscal, Valeria Soledad Fornaroli. «Entorpece el legítimo trabajo de la defensa interrumpiendo repetidamente a esta abogada», relató.
Finalmente, indicó que la fiscal «no solo colocó en prueba nula, ilegal e inútil, sino que trata de que la defensa no pueda controlar debidamente esas testimoniales». «No hay testimonios contundentes y específicos que incriminen claramente a los acusados», concluyó.
El caso
El 23 de noviembre del 2021 la Justicia correntina ordenó el desalojo de más de 25 miembros de la familia Almeida, que vivía en una casa ubicada en Paso Vallejos, en Monte Caseros. En esas circunstancias el fiscal López Ruiz ordenó una feroz represión de la cual salen detenidos los tres acusados en el actual juicio.
Por este hecho, Guillermo Galantini estuvo detenido 21 días. Luego de esas tres semanas, y por masivas movilizaciones en Caseros y en la ciudad de Corrientes, recuperó su libertad.
Varias organizaciones sociales, políticas, sindicales y de derechos humanos, firmaron una declaración en la que exigieron la absolución de Guillermo y Galileo Galantini, y de Jorge Espíndola.
Argumentaron que en todo el proceso «se impidió el derecho a la legítima defensa, se negó sin fundamentos a soluciones alternativas de conflicto e incluso, con cargos como el de resistencia a la autoridad, se elevó a juicio a uno de los acusados».
En los otros dos compañeros «recayeron cargos como lesiones leves y corte de ruta, cuya imputabilidad proviene de testimonios de los propios policías que actuaron en la represión», aseguraron.
Con este juicio, «la justicia de Valdés ejecuta un ataque a las libertades, a las expresiones y a todxs lxs que quieran organizarse en pos de tierras y viviendas», afirmaron. «Criminalizar las protestas, cuando no se tienen las respuestas políticas para satisfacer las demandas por el hábitat de lxs correntinxs, son prácticas que pretenden el disciplinamiento y el control social para garantizar el sometimiento del pueblo pobre y trabajador», finalizaron.
