La Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización de Entre Ríos habilitó oficialmente la temporada de caza deportiva menor 2026 mediante la Resolución N° 100/2026, firmada por el director Mario Francisco Zárate, y publicada hoy en el Boletin Oficial. La medida autoriza la actividad desde el 8 de mayo hasta el 23 de agosto y vuelve a abrir un fuerte debate ambiental, judicial y ético en la provincia.
Aunque el Gobierno provincial intentó blindar jurídicamente la resolución incorporando referencias al Acuerdo de Escazú, audiencias públicas y estudios técnicos, organizaciones ambientalistas vienen cuestionando desde hace años la legalidad y sustentabilidad de la actividad, especialmente por el impacto sobre aves silvestres y humedales.
La nueva resolución aparece además en un contexto sensible: en 2023 la Justicia entrerriana anuló parcialmente la habilitación de caza menor de ese año tras un amparo ambiental presentado por el Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres (CEYDAS) y otras organizaciones. En aquel fallo, la Cámara Contencioso Administrativa de Paraná sostuvo que el Estado debía garantizar mecanismos reales de participación ciudadana y acceso a la información ambiental antes de tomar decisiones de este tipo.
Qué autorizó la Provincia
La resolución habilita la caza de:
– Hasta 15 anátidos por excursión: Pato picazo, Sirirí pampa, Cutirí, Pato de collar
– Hasta 6 perdices chicas
– Hasta 4 liebres europeas
Además, se establece el uso obligatorio de municiones no contaminantes —como acero— para la caza de patos.
Sin embargo, uno de los puntos más polémicos es que la propia resolución reconoce que los estudios poblacionales utilizados para justificar la apertura fueron impulsados junto a la Cámara Argentina de Turismo Cinegético y Conservacionismo (CATCYC), es decir, actores directamente interesados en la continuidad económica de la actividad.
Estudios “participativos”, pero financiados por el sector interesado
El Gobierno sostiene que desde 2022 se vienen realizando monitoreos de anátidos mediante el Equipo de Monitoreo Adaptativo de Fauna Silvestre (EMAFA), con relevamientos en distintos departamentos de Entre Ríos.
No obstante, gran parte del fundamento técnico surge de informes presentados por la CATCYC, entidad vinculada al turismo cinegético. El documento incluso destaca el impacto económico del sector y menciona que la actividad genera empleo directo e indirecto.
Para sectores ambientalistas, esto representa un serio conflicto de interés. También se cuestiona que la resolución afirme que no hubo observaciones ciudadanas posteriores a la audiencia pública, cuando históricamente distintas ONG vienen manifestando rechazo a la actividad y promoviendo acciones judiciales.
Contradicciones y cambios respecto de las recomendaciones técnicas
Otro aspecto llamativo es que el área técnica había recomendado habilitar hasta 20 anátidos por excursión, aunque finalmente la resolución fijó el máximo en 15.
También hubo modificaciones en las zonas vedadas y habilitadas respecto de las sugerencias originales.
La resolución prohíbe la actividad en Concordia, Federación, Federal, Feliciano, Tala, Paraná, Colón y San Salvador, mientras que habilita totalmente La Paz, Gualeguaychú y Uruguay, además de sectores parciales de otros departamentos.
En el caso de Islas del Ibicuy, la actividad quedará prácticamente reservada para empresas de turismo cinegético habilitadas por la Provincia.
El argumento económico vuelve a imponerse
A lo largo del texto oficial aparece reiteradamente el argumento económico como fundamento para sostener la temporada de caza. La resolución sostiene que el turismo cinegético “genera importantes ingresos económicos” y “contribuye al desarrollo socioeconómico regional”.
Para los críticos, el enfoque prioriza una actividad recreativa y comercial por encima del principio precautorio ambiental consagrado en la Constitución Nacional y en la Constitución de Entre Ríos.
También advierten que el Gobierno provincial utiliza convenios internacionales —como Ramsar, Bonn o CITES— para justificar que las especies habilitadas no están amenazadas, aunque especialistas recuerdan que la ausencia de peligro de extinción no implica automáticamente que la presión de caza sea inocua para los ecosistemas.
Un debate que sigue abierto
La resolución deja abierta la posibilidad de modificar la temporada si aparecen nuevos informes técnico-científicos. Sin embargo, el conflicto ambiental y judicial parece lejos de cerrarse.
Mientras el Gobierno provincial defiende la actividad bajo el concepto de “aprovechamiento sustentable”, organizaciones proteccionistas sostienen que Entre Ríos continúa profundizando un modelo que naturaliza la caza deportiva en humedales y ecosistemas sensibles.
La discusión, una vez más, quedó instalada entre quienes consideran a la fauna silvestre un recurso económico y quienes reclaman una política ambiental basada en conservación estricta y protección de la biodiversidad.